La historia de El Zapotillo es de traiciones. De políticos que prometen una cosa en campaña y luego cambian de opinión. Todo comenzó con Aristóteles Sandoval y aquel tuit en donde se manifestaba en contra de la inundación de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Las presiones de la Federación doblaron a Sandoval. Al final, el exgobernador del PRI se manifestó a favor de elevar la cortina de la presa a los 105 metros y, por consecuencia, inundar los tres pueblos. Enrique Alfaro es una historia similar. El hoy gobernador incluso dio una rueda de prensa siendo alcalde para decir que era compatible el proyecto de la presa con no inundar a los pueblos. Ambos se contradijeron y ya viviendo en Casa Jalisco olvidaron sus compromisos con las comunidades.
Andrés Manuel López Obrador ha sido ambiguo. En campaña, el presidente decía lo que cada público quería oír. En Guanajuato, AMLO prometía agua para León. En Jalisco decía que no se inundaría Temaca, pero habría agua para la ciudad. No se necesita ser un genio para saber que con alguien va a quedar mal el presidente. No puedes defender una cosa y la contraria. AMLO hoy visita Jalisco y no puede seguir con su esquiva estrategia. Si decide no inundar, no habrá agua para Guanajuato. No habrá acueducto. Si decida inundar, habría agua para los dos estados, pero traicionaría –también– una propuesta electoral y un compromiso que hizo con las comunidades.
Sin embargo, a espera de la decisión del presidente, no podemos olvidar que la democracia es el sistema de gobierno en donde una mayoría toma decisiones, pero siempre respetando las garantías y los derechos humanos de las minorías. Ninguna mayoría puede ponerse por encima de los principios fundamentales que nos hacen ciudadanos. No importa el beneficio. No importa si hipotéticamente resolviese el problema de agua de la ciudad para los próximos cinco siglos. Los derechos humanos deben estar por encima de cualquier consideración. Y digámoslo claro: inundar y desplazar comunidades contra su voluntad es un atentado contra los derechos humanos. Principios que hemos firmado como nación en el ámbito internacional y que reconocemos al mismo nivel jurídico que el pacto constitucional. Sé que los últimos tres gobernadores de Jalisco han defendido el proyecto por su utilidad pública. Ojo, utilidad que no niego. Guadalajara –y Jalisco– enfrenta un escenario crítico en materia de abastecimiento de agua. Si no tomamos decisiones de fondo, la falta de agua seguirá siendo uno de los principales problemas que afectan a las colonias y barrios de la ciudad.
Tampoco niego que la política en lugar de ayudar a construir acuerdos en este campo, se ha convertido en obstáculo. Cuántos proyectos en el basurero de la historia. Cuántas apuestas de infraestructura que naufragaron entre intereses y ausencia de acuerdos. Sé que Alfaro heredó esto. Sé también que no es su proyecto, pero no debemos olvidar algo.
No somos China o Arabia Saudita. Y al menos yo no quiero que México sea un autoritarismo en donde los derechos de unos y de otros dependen de la voluntad y el capricho de quien gobierna. Es por eso por lo que la defensa de los pobladores y las organizaciones va mucho más allá de sus territorios en sí mismos. Yo no entro a debatir la eficacia o no del proyecto para dotar agua a Guadalajara y a Los Altos. He leído argumentos a favor y en contra, y considero que ese debate tiene que nacer de los especialistas y académicos. Sin embargo, es imposible sostener que es democrático imponer un proyecto de captación de agua que viola derechos humanos. Otra cosa es si después de la deliberación, los habitantes de Temaca y los gobiernos llegan a un acuerdo. La autodeterminación de las comunidades es eso: capacidad y autonomía para decidir su futuro. El derecho al patrimonio histórico, a la identidad y al territorio son los cimientos de un sistema democrático.
Lo que veremos hoy tiene más valor que cualquier consulta patito como la que vimos el pasado primero de agosto. Hoy presenciaremos a las dos autoridades más importantes, electas por las y los jaliscienses, escuchar y dialogar con las comunidades que han resistido durante estos años. Muchas veces creemos que la urna es el fin y la consumación de la democracia, pero es solo una parte. Un paso previo es la deliberación. Una democracia de calidad necesita deliberación de calidad. Es la diferencia entre los ejercicios participativos que buscan construir acuerdos o las consultas que su única intención es reforzar el poder del gobernante.
El argumento del interés de la mayoría es tan protofascista que, si lo extiendes, nos deja a todos desprovistos de derechos para defendernos de un Estado que nos quiere imponer su voluntad. El Estado es esa construcción histórica que queremos que nos proteja (seguridad, bienestar social), pero a la vez necesitamos contenerlo para que no se vuelva tan grande que decida sobre nuestras vidas. Si permitimos que el Estado apele al interés público para inundar poblaciones, ¿Cómo sabemos que mañana no lo harán con tu casa o la de tus padres? ¿Cómo sabremos que mañana no se desaparecerán instituciones que protegen derechos y libertades, con el argumento de que son para minorías? ¿Por qué no podemos desaparecer el laicismo si una mayoría lo quiere? Es una locura: la tiranía de la mayoría.
Yo lo que espero de la reunión de hoy es un acuerdo. A mí no me toca decidir sobre el fututo de tres poblados con cientos de años de historia. Es muy fácil y hasta muy cínico, decir que los tapatíos queremos el agua y no nos importa a quien tengamos que destruirle la vida. Los habitantes de la ciudad y la ineptitud de nuestros políticos es la causa del problema. Nosotros no dejamos consumir agua a raudales, sin ningún recato, y nuestros políticos han sido incapaces de llegar a acuerdos para encauzar un problema de décadas. El futuro del Zapotillo debería estar en manos de sus poblaciones. Ojalá, López Obrador entienda que no hay democracia sin respeto a los derechos humanos.
Enrique Toussaint
