Soy un convencido de la relevancia de la participación permanente de la ciudadanía para construir una democracia de calidad. Detesto la idea del Ciudadano Kleenex, ése que se presenta cada tres años en las urnas y no vuelve a participar en nada más. Kleenex porque se usa una vez y al basurero por tres años. Incluso, nadie puede negar que una parte de la crisis de la democracia representativa se origina en su tendencia hacia el elitismo y a la cerrazón. Una mayoría de la ciudadanía considera que el Gobierno no toma decisiones pensando en el interés general, sino privilegiando sus propias ambiciones. La democracia directa, a través de sus múltiples instrumentos, puede abrevar la distancia enorme entre representantes y representados.
Sin embargo, la consulta propuesta por Andrés Manuel López Obrador, e injustificadamente legitimada por la Corte, navega en sentido contrario. No es un instrumento para incluir, sino para fortalecer aún más al Presidente de la República. No es un instrumento para dirimir una controversia social, sino para profundizar la discrecionalidad del Ejecutivo. En conclusión, un ejercicio que no es democrático. Un ejercicio de derroche discrecional del Ejecutivo. Y la discrecionalidad, por naturaleza, se aleja de los principios democráticos.
En ese sentido, la consulta adolece de una máxima democrática: certidumbre en las reglas e incertidumbre en los resultados. No tenemos certezas en las reglas del juego porque la redacción misma de la pregunta hace imposible que se formen dos posturas que apelen a una mayoría. La única regla cierta es la participación (40% para que sea vinculante), pero el resto cae en el libre albedrío de las partes. Por ejemplo, Morena hace campaña diciendo: “vamos a juzgar a los expresidentes”. Una mentira. Nada en la pregunta sugiere consecuencias penales del resultado de las urnas. Júzguela usted: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. ¿Cómo puede haber certidumbre en el debate político si la pregunta es un monumento a la confusión?
Tampoco existe incertidumbre en el resultado de la consulta. Todos sabemos qué opción arrasará el primero de agosto. Seguramente con baja participación, pero al no ser un tema polémico en la agenda pública, la victoria arrolladora del “Sí” está fuera de toda duda.
Segundo lugar, la consulta nacional supone lo contrario al espíritu detrás de los mecanismos de participación. La democracia directa son instrumentos de la ciudadanía para acotar el margen de maniobra de los representantes públicos. Frente a temas espinosos y polémicos o cambios de fondo en el contrato social, las consultas, referéndums o plebiscitos son un mensaje de la ciudadanía al Gobierno. Esta consulta opera al revés. Al ser una pregunta confusa y sin consecuencia claras, el ejercicio ensancha la discrecionalidad del Gobierno. AMLO puede interpretar el resultado de la consulta como le dé la gana. Una consulta debe acotar al Gobierno y mandatarlo, no firmarle un cheque blanco.
Tercer lugar, el Gobierno y Morena han ideado una campaña que podría catalogar como la “para-consulta”. Sabemos que el presidente hace de la posverdad su relato cotidiano. Sea para hablar de la falta de medicamentos oncológicos o la desaparición de las masacres en México, el Gobierno siempre se refugia en “los otros datos”. La consulta también se finca en mecanismos de posverdad. El más grave es mentirle a la ciudadanía diciendo que el resultado supondrá poner en el banquillo de los acusados a expresidentes de la República. ¿Cómo puede ser democrático un ejercicio que se sustenta en mentiras? ¿Cómo puede ser democrático un ejercicio en donde la gente está llamada a votar por algo o contra algo que, al final, no aparece en la boleta? La deliberación informada, el conocimiento de las consecuencias del voto, es inherente a la democracia. Un ejercicio cimentado en mentiras no puede tener ni procesos ni consecuencias democráticas.
Un punto fundamental: la Suprema Corte no validó la consulta que propuso el Presidente, sino que se arrogó una extraña atribución: proponer otra consulta. La pregunta original del presidente era: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
Seamos claros, lo que se consulta el próximo primero de agosto no tiene nada que ver con aquello que quería consultar AMLO. Compare las dos preguntas y se dará cuenta. Desde ahí, el ejercicio es totalmente irregular. En realidad, estamos convocados a votar en una consulta que inventó la Corte. El fallo del máximo tribunal es uno de los grandes ridículos históricos de nuestra democracia. Imagine usted, la Corte impidió en el pasado consultar sobre salario mínimo, diputados plurinominales y reforma energética, pero decidió redactar una pregunta que sólo entienden los ministros.
Se confunde quien cree que la democracia solo es poner urnas. La democracia se sostiene en el voto y en las mayorías, pero siempre en apego a la legalidad y al reconocimiento de las consecuencias de la participación política. Cuando un británico votaba en el referéndum sabía bien que significaba “exit o remain”. Cuando los escoces votaron a favor o en contra de la independencia sabían las consecuencias que se derivaban de su decisión. Lo mismo podemos hablar de los últimos procesos participativos en Chile o incluso la consulta sobre las amnistías a la guerrilla en Colombia. La mejor noticia que podríamos tener el primero de agosto es que una mayoría de mexicanos le dieron la espalda, con su no participación, a este ejercicio de simulación.
Enrique Toussaint
