Las cifras oficiales revelan que al menos 2 mil personas, en su mayoría centroamericanos, han sido retornadas a México desde la implementación a principios de año de los Protocolos de Protección a Migrantes. Un nombre elegante para un programa ilegal, inseguro y francamente inaceptable.
También conocido como Remain in Mexico, el plan impuesto por el gobierno de Donald Trump permite que solicitantes de asilo en Estados Unidos sean regresados a territorio nacional para esperar aquí la resolución de sus casos en las cortes migratorias. Es México subcontratado como sala de espera para miles de migrantes que han presentado una solicitud legal de protección al gobierno estadunidense, entre ellos, víctimas de violencia y de persecución que la administración Trump se niega a defender.
El programa es ilegal porque impide el derecho al debido proceso para estos migrantes al limitar, entre otras cosas, el acceso a un abogado que los represente frente a las cortes de inmigración y porque ignora el procedimiento establecido por el Congreso estadunidense para solicitantes de asilo en puertos formales de entrada.
Es inseguro porque coloca a víctimas de violencia en una situación de riesgo. Cientos de familias son expuestas a la criminalidad que plaga muchas de las ciudades fronterizas o son abandonadas en centros urbanos como Monterrey sin ningún tipo de asistencia por parte del gobierno federal o de los gobiernos locales. Fernando, un inmigrante hondureño que viaja con su hijo de 3 años, explicó a Univision que los regresaron a Nuevo Laredo y de ahí los transportaron en camión hasta Monterrey, donde los tiraron a las 2 de la mañana en la estación de autobuses sin ningún tipo de protección.
Es inaceptable porque convierte a México en el cómplice de un déspota como Trump y porque traiciona la rica tradición de asilo que ha enriquecido la experiencia mexicana durante décadas con la llegada de refugiados de todos los rincones del mundo. Es inaceptable porque Washington impuso un acuerdo sin ofrecer nada a cambio, violando incluso las condiciones negociadas para la implementación del acuerdo, entre ellas, el retorno de población vulnerable como miembros de la comunidad LGBTQ y de personas con discapacidad.
@Enrique_Acevedo
