A 15 días de la elección judicial sorprende ver a voces opositoras –reconocidas por su capacidad de análisis– aferrarse a la idea de que la reforma judicial será detenida por el gobierno de Estados Unidos, como si los asuntos internos de México dependieran de decisiones extranjeras. ¿No sería más útil enfocar el debate en argumentos propios?
Estados Unidos y Canadá no pueden intervenir directamente en la reforma judicial de México, ya que se trata de un asunto soberano. Sin embargo, hay que considerar que sí pueden influir de manera indirecta a través de mecanismos diplomáticos, económicos y legales.
De hecho ya lo han realizado: en agosto de 2024, los embajadores de ambos países expresaron su postura, lo que provocó una fuerte reacción del Gobierno mexicano, encabezado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
“¿Y quiénes son ellos para opinar sobre los asuntos de México?”, cuestionó Andrés Manuel y anunció el envío de cartas diplomáticas a ambos gobiernos, dejando claro que no aceptaría injerencias en decisiones que solo competen a los mexicanos.
Nada de eso implica que Estados Unidos tenga autoridad sobre México. Lo que sí posee es capacidad de influencia. Embajadores y funcionarios estadunidenses, como Ronald Douglas Johnson, pueden expresar públicamente su preocupación, cosa que a la fecha no ha hecho como sí lo hizo su antecesor.
Empresarios e inversionistas también pueden advertir sobre los riesgos de invertir en un país donde se perciba debilitamiento del estado de derecho, lo que podría traducirse en retiro o congelamiento de capitales, afectando la economía mexicana. Las voces en contra no han tenido efecto, lo que puede causar malestar a sus receptores mexicanos.
Por ahora, el nuevo embajador de Estados Unidos en México no ha emitido declaraciones públicas sobre el tema. Su silencio contrasta con la postura más activa de su antecesor, Ken Salazar, y podría interpretarse como una estrategia de contención mientras evalúa el terreno político y jurídico en el que se desarrollará su misión diplomática. No hay nada que por ahora ponga en riesgo las elecciones del primero de junio.
