Primero intervinieron cuestiones de agenda legislativa: no hubo elección de jueces en Nuevo León porque el Congreso no reformó la Constitución estatal antes del 18 de marzo de 2025. Los desacuerdos del PRIAN con el gobernador Samuel García retrasaron la reforma y, posteriormente, legisladores federales acusaron que dicho bloque dilató deliberadamente el proceso para mantener el control del Poder Judicial.
Entre quienes formularon estas acusaciones en los medios se encuentran los senadores Waldo Fernández González y Judith Díaz Delgado; y en el ámbito local, quien más ha insistido en poner atención a la implementación de la reforma judicial es la diputada Grecia Benavides.
El hecho de que la reforma judicial no se haya materializado no es un mero rezago técnico. Responde, más bien, a una decisión política deliberada en la que convergen actores del PRI y del PAN, así como integrantes del propio Poder Judicial del Estado, quienes, al considerar afectados sus intereses, han expresado su rechazo al modelo de elección popular, sosteniendo que este podría politizar la justicia y comprometer la carrera judicial.
La situación se vuelve tensa porque la falta de su implementación no constituye, como dije, un simple rezago legislativo, sino la manifestación de una tensión estructural en la que convergen dimensiones constitucionales, institucionales y políticas.
Esta omisión legislativa, frente a un mandato derivado de la reforma introduce una fisura en el principio de supremacía constitucional, poniendo en evidencia los límites prácticos del federalismo mexicano y abriendo la posibilidad de intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo que observo es un conflicto entre proyectos políticos y concepciones del derecho: mientras los impulsores de la reforma buscan democratizar el Poder Judicial mediante elección popular, los conservadores la rechazan por considerar que afecta la independencia y la carrera judicial.
Sin embargo, este argumento no va más allá, pues la supuesta carrera judicial es más formal que real, reducida en los hechos a un sistema escalafonario, pero nadie responde al fondo del debate.
