El pasado martes asistí al conversatorio de la UDEM titulado “¿Hacia dónde va la reforma judicial en Nuevo León?”, convocado por el Instituto de Estudios Políticos de la UDEM y la Fundación Konrad Adenauer.
Participaron en el evento la Asociación Civil Juicio Justo, Canaco Monterrey, Coparmex Nuevo León y el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho ( CEEAD).
Su objetivo fue reflexionar sobre la reciente elección judicial, aprender de los errores para exigir al Congreso del Estado que garantice la designación de jueces competentes.
Se acepta la elección de jueces. Sin embargo, la principal preocupación de las cámaras empresariales, de la sociedad civil y del sector académico es que, como ocurrió en la anterior elección judicial, los partidos, principalmente Morena, ejerzan control sobre el proceso electoral mediante mecanismos como los llamados acordeones y otras prácticas similares.
Importa el proceso de selección de jueces. Pero, ¿de dónde vamos a obtener jueces competentes, como lo señalaron quienes deliberaron el pasado miércoles, si en las escuelas de Derecho, públicas y privadas, no se forman jueces ni fiscales, entre otras profesiones jurídicas, sino únicamente abogados?
La reforma judicial abarca múltiples temas. El último es el mecanismo de selección y nombramiento; pero si no se tiene claro el modelo de juez deseable ni cómo debe “formarse” –no sólo “capacitarse” en el propio Poder Judicial, como se ha hecho durante poco más de 200 años–, ¿dónde vamos a encontrar a las personas idóneas para el ejercicio de la judicatura?
Los conversadores advirtieron el riesgo de politización del Poder Judicial, como si éste no hubiera estado siempre ligado al poder político. Aunque no creo que esa sea la solución definitiva, las escuelas de derecho deberían impulsar posgrados para formar jueces. A largo plazo, la salida sería crear una escuela nacional de la judicatura y fiscalía independiente del Poder Judicial.
