La lucha de las autoridades contra el robo de combustible en Hidalgo es una batalla que se perdió desde hace tiempo.
De la estrategia que inició con el sexenio del presidente López Obrador en enero de 2019, y que a las pocas semanas tuvo su primera gran crisis social y de seguridad con la tragedia de Tlahuelilpan, poco o nada ha quedado y no hay enseñanza alguna, ni lección social.
A la fecha no hay Ejército, Guardia Nacional, Policía estatal o municipal, ni siquiera las propias bandas rivales de la delincuencia organizada, que pongan orden en el problema de la extracción ilegal de ductos de Pemex en Hidalgo.
Lo que comenzó como medida contra el “gasolinazo” de finales de la administración de Enrique Peña Nieto, donde “el pueblo” se alzó y validó el robo en ductos por creer que era injusto pagar por la gasolina cuando somos un país petrolero.
El envenenamiento social de los pueblos y comunidades con dicho discurso, provocó lo que hoy es el principal problema de seguridad en muchos estados, entre ellos Hidalgo, donde por cuarto año consecutivo se lidera en cifras de tomas clandestinas, denuncias por robo de hidrocarburos y toda la cadena de actos ilegales que conlleva.
¿Quién se beneficia del combustible robado en Hidalgo?, sino fuera un negocio redituable, no le estarían entrando propios y extraños al mismo, poniendo en riesgo sus propias vidas.
Ya se detuvo a los líderes de bandas huachicoleras en Guanajuato, en Querétaro, en el propio Valle del Mezquital de Hidalgo, y la ordeña no cesa, ni se detiene, ni parece que acabará pronto. Hablar de huachicol en Hidalgo es como tocar un tema tabú. Nadie quiere entrarle, nadie sabe dónde está o quiénes son los que se dedican a ello. Incluso, a veces ni quieren decir dónde o cómo se obtiene. Así como el Tren Maya es una obra de seguridad nacional, el tema de los ductos de Pemex debe ser elevado a un rango superior para mantener su control y cuidado.
Eduardo GonzálezTwitter: @laloflu
