El incremento de víctimas de feminicidio, que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero de 2015 a diciembre de 2019 alcanzó los 3 mil 621 casos, es resultado de la falta de políticas públicas que atiendan el problema social y de seguridad que representa el sistema patriarcal para las mujeres del país. Es decir, tanto leyes como impartidores de justicia, gobernantes, policías, en su conjunto, han conformado un bloque que impide a las mujeres salvaguardar su integridad sin tener que padecer al menos un episodio de violencia en su vida.
Con motivo del debate nacional y discusión generada a raíz de más asesinatos de mujeres -10 cada día según cifras oficiales- es preciso dar cuenta de que el problema es cultural, emocional, político y social, aunque es aún más grande nuestra ineficiencia.
Los hombres como parte del sistema opresor a la mujer, establece códigos y parámetros impuestos por los propios hombres y ejecutados por nosotros mismos, dejando en clara desventaja a las mujeres. En días pasados la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma el Código Penal Federal para incrementar de 60 a 65 años la pena máxima de prisión para quien cometa el delito de feminicidio, y establecer que la mínima será de 45 años, en lugar de 40.
¿Eso ayuda en algo?, supuestamente a inhibir mentalmente que un feminicida pueda perpetrar sus crímenes de odio y machismo. ¿Sabrá si quiera un hombre violento que si viola o mata pasará hasta 65 años en la cárcel, y eso lo detendrá cuando esté alcoholizado o estimulado?, lo más probable y lamentable es que no, por eso es que el asunto tiene un problema de fondo muy grave.
Aumentar las penas, imponer nuevas, sancionar a todos los jueces del país, quitar a gobernantes, nada parece ser la solución inmediata o permanente mientras siga existiendo la estela del machismo impregnada en nosotros los hombres.
twitter: @laloflu
