No cabe duda que las intenciones quedan en eso y se aprovechan para obtener un beneficio. Tal es el caso de los operativos que se realizan todos los días en Toluca para aparentemente evitar que circulen autos que generen partículas contaminantes por carecer del holograma de verificación de emisiones en contra del ambiente.
Al momento en que se presentó la contingencia en la Ciudad de México y la zona metropolitana del Estado de México. En Toluca el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez emprendió una lucha contra la contaminación anunciando operativos para retirar de la circulación automóviles que no contarán con la verificación correspondiente.
La medida fue cuestionada principalmente por los automovilistas procedentes de otros municipios. Pero a la vez aplaudida por otros sectores, pues motivó a muchos a poner en orden sus automotores y así no contribuir a mayores emisiones de contaminantes.
Lamentablemente se le vio el beneficio a esta intención y se ha convertido en un jugoso negocio para la autoridad municipal y para los concesionarios de las grúas y corralones. Porque de arrastre y pensión en el corralón cobran tres mil pesos. Más los 570 pesos de la multa de tránsito municipal si se paga el mismo día porque si pasan más días aumenta el monto de la multa.
Lo curioso aquí y es donde está el negocio es que el único recibo que dan para liberar el auto es el de la multa de 570 pesos, porque en el corralón los concesionarios de las grúas no emiten ningún recibo y amenazan con no entregar la unidad a pesar de que ya está la carta de liberación de Tránsito Municipal si insisten en el recibo.
No sólo amedrentan a los contribuyentes con no entregarles sus autos sino que incluso los amenazan con el personal de seguridad que está en los corralones y les piden mejor guardar silencio y retirarse.
Un usuario exigió su recibo y no le entregaron su unidad sino 48 horas después de la liberación de su auto por parte de tránsito municipal y los dueños de las grúas y del corralón no le dieron ningún recibo.
Imaginemos que estos operativos contra la contaminación vehicular retienen a 100 unidades todos los días por no contar con la verificación, retirar a ese número de unidades de la circulación representan 57 mil pesos para las arcas del municipio y 300 mil para la cartera de los concesionarios de las grúas y corralón.
Las denuncias sobre estos abusos de los dueños de las grúas se han expresado en diversos foros a las autoridades municipales de Toluca, pero hacen mutis y no ponen orden. ¿Acaso hay un arreglo para repartirse el dinero que no se justifica con ningún recibo?
Por eso muchos de los que son detenidos prefieren pagar la cuota que les solicitan las agentes de tránsito para evitar la multa y corralón que es para los fuereños de 1000 pesos y para los locales de 500. Obvio tampoco hay recibos.
Ojalá y si hay voluntad se ponga orden. Porque quienes sale pagando una u otra son los contribuyentes.
Ya veremos.
