Que vaya cierre de año para la Fiscalía General de Justicia mexiquense con la intensa actividad del crimen organizado que no cesa en la entidad, y es que con la investigación por la desaparición de comerciantes de pollo que fueron levantados por un presunto grupo armado, se mantiene viva la presión mediática sobre el fiscal José Luis Cervantes Martínez, quien permanece hermético ante los medios de comunicación.
Aún no hallan a ninguno de los desaparecidos en Texcaltitlán, entre los que hay niños, y ahora les surgieron estos otros casos igual de indignantes.
De esta presión no se salva el titular de la Secretaría de Seguridad, Andrés Andrade Téllez, quien al parecer no ha encontrado la fórmula para trabajar coordinadamente con la Fiscalía, específicamente en casos trascendentales como éste y el linchamiento de delincuentes en el sur.
Que una muestra de gran sensibilidad ha sido la del Banco de Alimentos en la entidad, que decidió no subir cuotas de recuperación en los primeros cuatro meses de 2024. La labor que hacen para recuperar víveres y distribuirlos al menor costo posible (la canasta alimentaria cuesta 93 pesos actualmente) beneficia a un gran número de mexiquenses en la pobreza; de esta manera la institución dirigida por el Ingeniero Alberto Canul Juárez sigue jugando un papel fundamental en favor de los más vulnerables, a pesar de el vendaval inflacionario que enfrenta su operación.
Que ahora que causaron tanta polémica los nuevos impuestos ambientales, un buen equilibrio sería proceder de una vez por todas contra quienes con justificación en las “tradiciones” abusan del uso de pirotecnia, fogatas y quema de llantas, y que esta Nochebuena una vez más lograron detonar una contingencia ambiental. Atentan contra el medio ambiente, la salud y hasta la seguridad pública.
La fabricación de cohetes y castillos es una actividad económica relevante que no se puede proscribir en nuestro estado, pero ya va siendo hora de poner control estricto en su uso indiscriminado.
