Que el caso de Los Alegres del Barranco sigue. Refleja un debate jurídico y social relevante. La Fiscalía de Jalisco investiga si el grupo musical incurrió en este delito al exhibir material relacionado con el CJNG, lo que podría acarrear sanciones penales, según el artículo 142 del Código Penal local. La negativa del grupo a declarar es un derecho legal, pero también una estrategia que la autoridad interpretará en contexto. Sin embargo, probar la apología del delito requiere demostrar que hubo intención de exaltar o incitar al delito, no solo su difusión incidental. Este caso podría sentar un precedente sobre cómo se aplica la figura en contextos culturales o de entretenimiento, donde la línea entre libertad de expresión y legitimación de la violencia suele ser difusa.
Que la llegada de Natanael Cano y otros exponentes de los corridos tumbados a Jalisco, en pleno Tepabril, revive un debate incómodo pero necesario: ¿hasta qué punto la música que glamoriza el narco es entretenimiento o un riesgo para la seguridad? Mientras sus seguidores llenan plazas y festivales, las autoridades investigan vínculos criminales y las víctimas de la violencia exigen mayor regulación. El problema es que hay denuncias de que algunos conciertos han sido financiados por el crimen organizado para lavar dinero o reclutar jóvenes. El gobierno estatal ha intentado prohibir los narcocorridos en eventos públicos, pero los resultados son dispares. Mientras Tepabril sigue incluyendo a estos artistas, fiscales revisan si sus presentaciones incurren en apología del delito. La pregunta es: ¿puede el Estado censurar contenidos sin caer en autoritarismo? Y, sobre todo, ¿funciona prohibir canciones cuando el narcotráfico sigue siendo un negocio millonario con raíces sociales profundas?
Que el caso de la familia capturada en Teocaltiche revela que se necesita más que reformas para restringir contenidos alusivos al crimen organizado para evitar que tengan más adeptos. Una pareja, su hijo y su sobrino fueron aprehendidos por presuntamente cobro de piso, distribución de drogas y homicidios. Un modelo familiar que resulta del dominio delincuencial en la región, y se replica en zonas marginadas del país. El combate tiene que ser integral y resolver los factores sociales que empujan a afiliarse a la delincuencia.
