Que Morena no quiere árbitros, sino todo lo contrario, operadores disfrazados de magistrados con la pretensión de designar a Jazmín Anabel Carmona para controlar el Tribunal Electoral de Guanajuato desde dentro, misma que no tiene experiencia electoral, pero sí parentesco con senadores, diputadas y alcaldes de Morena.
Y es que, la ley exige experiencia en materia electoral, sin embargo, Jazmín Anabel no ha pisado una ponencia, no ha trabajado en un órgano electoral, no tiene resoluciones, ni trayectoria especializada, por lo que es una imposición política, no un nombramiento técnico.
Que de inmediato la bancada del PAN en el Senado denunció el “absoluto cochinero” en la integración de las listas para los tribunales electorales de las entidades federativas, aprobadas la semana pasada por la Comisión de Justicia. Ricardo Anaya expuso que no va a servir de nada que una candidata o candidato presente una impugnación y demuestre con pruebas que hubo fraude electoral, porque se atendrá a las magistradas y a los magistrados que permitirán la validación de los fraudes electorales.
Enumeró tres ejemplos, entre ellos el de Guanajuato con Yasmina Nabel Carmona Cornejo que dijo no acredita experiencia electoral, de acuerdo con el propio dictamen de la Comisión de Justicia, y pese a que el artículo 115 fracción de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales pone como requisito para ser magistrado o magistrado electoral acreditar conocimientos en derecho electoral.
Que la gobernadora de Guanajuato, Libia García, urgió al Congreso del Estado a aprobar las reformas pendientes a la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mismas que contemplan sanciones más severas por delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, especialmente cuando son cometidos por funcionarios públicos.
El Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, rindió este martes su informe anual, en el que destacaron la implementación de 54 medidas de protección, principalmente dirigidas a mujeres buscadoras y periodistas.
