Que ahora que se está analizando la iniciativa cazafantasmas, para terminar con la tradición de comprar a empresas que nacen de la noche a la mañana o que se encuentran en domicilios fiscales que al final terminan siendo edificios abandonados, nos vino a la memoria el emblemático caso del ex alcalde de Salamanca, Antonio Arredondo.
Han pasado cinco años desde que se dio a conocer que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato detectó presuntas irregularidades en 65 compras y contrataciones que hicieron durante su administración que significaron un presunto desfalco por 180 millones de pesos, observaciones que no fueron solventadas.
Que hasta hoy parece ser que el caso se metió a la congeladora pese a no ser un asunto menor pues hace tres años, en mayo de 2020, Toño Arredondo tuvo que renunciar a la subsecretaría de Información y Planeación en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano donde fue cobijado tras su derrota en la búsqueda de la reelección.
Habrá que recordar que el órgano fiscalizador del Congreso de Guanajuato realizó las observaciones principalmente en procesos de compras y contrataciones cosa que se busca prevenir con ésta reforma a la ley, el asunto aquí además es que nadie sabe en qué quedó lo que en su momento fue el escándalo del año en materia de corrupción ¿y la judicialización del caso?
Que lo que más preocupa en estas situaciones es que se apuesta a la memoria corta de los ciudadanos para patear el bote “n” número de veces necesarias hasta que al paso de los años los delitos prescriban y con ello el imputado la libre no por ser inocente sino porque ya no hay nada que hacer.
Por eso cobra relevancia en efecto la creación de un sistema para verificar proveedores, pero también sería relevante que le entraran de lleno además de la prevención de actos de corrupción a la sanción de los mismos pues ejemplos, como el aquí señalado, sobran.
