Corrupción y narcopolítica eran dos temas habituales en la agenda de la periodista Regina Martínez, asesinada el 28 de abril de 2012 en el interior de su casa de Xalapa, Veracruz.
Junto a otros diez hermanos, tuvo una infancia campesina en un poblado pequeño llamado Rafael Lucío, el cual dejó al irse a estudiar Ciencias de la Comunicación a la capital.
Primero laboró como reportera en Televisión Rural Mexicana antes de mudarse a Chiapas, donde reporteó en diversos pueblos originarios con un enfoque social y humano, para luego volver a Xalapa y trabajar en el diario La Jornada, cubriendo por igual historias de cafeticultores de Coatepec que de la tala ilegal de los bosques del estado.
A partir de 2000, Regina asumió la corresponsalía de la revista Proceso en Veracruz, donde publicó 63 reportajes de largo aliento y cientos de notas breves antes de ser asesinada. Fue en esta época que se volvió un referente del periodismo de denuncia.
Estos detalles biográficos son recogidos en una investigación especial de su crimen titulada “El asesinato de Regina Martínez, una oportunidad para la justicia”, resultado de A Safer World For The Truth, un proyecto colaborativo de las organizaciones Free Press Unlimited (FPI), Comittee to Protect Journalists (CPJ) y Reporters sans Frontières (RSF), en el cual se documenta una serie de irregularidades en torno a la indagatoria oficial del asesinato de la periodista.
“Su trabajo —se explica en el informe— fue fáctico y expositivo en lugar de colorido y literario. Donde otros medios de comunicación se apartaron, ella publicó valientemente múltiples informes de corrupción y violencia. En algunos casos sus reportajes en Proceso no tenían firma, como es costumbre en México cuando el material es especialmente delicado. En otros casos colaboró con corresponsales nacionales de Proceso que iban de Ciudad de México, y usaba su firma al tiempo que incorporaba su propio material”.
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En este informe especial del caso Regina se resalta el contexto de violencia extrema protagonizado por Los Zetas y el CJNG que padecía Veracruz al momento del asesinato de la periodista, quien junto a diversos reporteros de Proceso denunció los vínculos entre funcionarios oficiales y esos grupos criminales.
Seis meses después del crimen de la reportera, ante la enorme presión de la prensa nacional e internacional, la policía de Veracruz detuvo a un hombre llamado Jorge Antonio Hernández, a quien atribuyó el asesinato.
Tras revisar los expedientes oficiales del caso y entrevistar a los testigos principales, el informe internacional desmonta esta versión oficial y abre nuevas pistas que deberían ser investigadas.
Por ejemplo, se demuestra que la confesión del presunto autor del asesinato se realizó después de que recibió instrucciones específicas de lo que ésta debía contener, además de una sesión de tortura a lo largo de un mes.
Otra anomalía es la fiabilidad de la declaración de uno de los principales testigos oculares del crimen, Diego Hernández, quien falleció al poco tiempo de dar su testimonio, el cual presenta inconsistencias graves.
También se registran las amenazas recibidas en su momento por el reportero Jorge Carrasco, mientras indagaba el crimen de su compañera de Proceso. La situación se volvió tan grave para Carrasco —hoy director del semanario— que tuvo que ser puesto bajo la protección de la policía federal durante tres años.
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Una de las conclusiones del informe es que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), debe asumir la titularidad de las investigaciones oficiales para analizar con detalle la relación entre el asesinato de Regina y sus trabajos periodísticos publicados.
De acuerdo con el reporte, entre 2004 y 2010 Regina escribió docenas de historias que cuestionaban de manera seria al gobernador Fidel Herrera. Historias que iban desde la prepotencia de los guardaespaldas del mandatari hasta detalles de cómo el mandatario local desalojaba de manera ilegal una prisión para permitir que Mel Gibson filmara una película o revelar supuestos tratos entre el político y un empresario acusado de prostitución infantil.
Pero el texto que se pide analizar de manera especial es el reportaje titulado “Dos regresos peligrosos”, enfocado en denunciar vínculos criminales de Reynaldo Escobar y José Alejandro Montano, ex fiscal y ex secretario de Seguridad, cuando buscaban ser diputados federales del PRI.
Aunque la historia fue firmada por Jenaro Villamil —actual presidente del Sistema Público de Radiodifusión—, el informe explica que los funcionarios señalados pudieron haber creído que Regina estaba detrás de la información divulgada. El artículo afirmaba que Los Zetas habían ingresado a Veracruz con el apoyo de Escobar y daba cuenta de la abundancia de propiedades de Montano.
Otra arista clave que debe investigarse a nivel federal, según el informe, es la posible desaparición forzada del segundo sospechoso del crimen, un hombre llamado José Adrián Hernández, apodado El Jarocho.
El reporte reconoce también al presidente Andrés Manuel López Obrador la promesa pública de justicia en el caso y exhorta a la comunidad internacional a seguir supervisando la nueva investigación y a apoyarla con recursos y conocimientos para lograr justicia en uno de tantos casos de periodistas asesinados en México que prevalece bajo la sospecha de impunidad.
