La condena contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, estaba escrita desde el primer día; fue condenada a seis años por una mafia judicial, —de cuyas turbias operaciones hay vastas evidencias—, e inhabilitada en forma perpetua para ejercer cargos públicos, en un juicio cargado de irregularidades.
No podría esperarse una decisión diferente de un juez, Rodrigo Giménez, que juega fútbol en el mismo equipo que el fiscal Diego Luciani, en la quinta del ex presidente Mauricio Macri.
Durante el proceso no se encontró un solo mensaje, correo o un testigo que dijera que Cristina dio alguna instrucción o que sugiriera alguna medida relacionada con las rutas de Santa Cruz por el caso Vialidad. ¿Les suena familiar el caso del dúplex por el que enviaron a la cárcel a Lula Da Silva? Los jueces argentinos tuvieron que dejar de lado la acusación de asociación ilícita y se aferraron a un histriónico libreto de “administración fraudulenta”. Sin embargo, la entonces presidenta no tenía facultades; las obras y sus costos se decidieron en las leyes de presupuesto votadas por el Congreso Nacional. La o el presidente no es responsable de la administración y ejecución del presupuesto, que está a cargo de las o los jefes de Gabinete.
Cuando se dio a conocer el fallo, la oposición celebró con champagne y festejó la condena, como si no la conociera de antemano. "Este proceso ha sido ejemplar y demuestra que nadie está por encima de la ley", aseguraron algunas personas cercanas a Macri y al tribunal que juega fútbol y toma mate junto; esa sí es una verdadera asociación ilícita.
La sentencia todavía tiene camino por recorrer para ser dejada en firme, en cuyo curso normal podría darse hasta el año 2024 ó 2025. Una vez el tribunal oral dé a conocer los fundamentos el 9 de marzo de 2023 (tal como lo anunció), comenzará a correr el plazo legal para las apelaciones ante la Cámara de Casación Penal. Se dieron permiso de más de tres meses para presentar los fundamentos, tiempo en el que intentarán sortear las principales críticas.
La Cámara puede dejar firme el fallo del tribunal oral, revertirlo o modificar las penas. Si lo confirma, la vicepresidenta podría presentar un recurso extraordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal del país.
“No voy a ser candidata. Muy buena noticia para usted, Magnetto. El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros. Podrá dar la orden a sus esbirros. Presa, sí; mascota de usted jamás”, respondió la vicepresidenta, luego de la noticia.
El objetivo del fallo es la proscripción política de la vicepresidenta de cara a las elecciones del próximo año. Se trata de la concreción máxima del lawfare en Argentina, una fotografía de cuerpo completo de la persecución mediática y judicial al progresismo en América Latina. Han hecho del miedo su principal instrumento político. La política se metió puertas adentro de los tribunales.
@DanielaPachecoM
