El 16 de septiembre de 2025 será por siempre un día histórico para Colombia y para el campo de la resolución de conflictos. Ese día, los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), instancia sin equivalente en el mundo que fue creada en el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, emitieron las primeras “sanciones restaurativas” contra siete ex comandantes del último secretariado que lideró esas fuerzas, quienes reconocieron públicamente su responsabilidad por los más de 21 mil secuestros y crímenes de guerra cometidos en el transcurso del conflicto armado.
Este ha sido un proceso insólito: una guerrilla que negocia su salida del conflicto, se somete voluntariamente al Estado dejando atrás las armas y acepta las consecuencias de sus acciones. Y sin obtener una amnistía general a cambio, sino reconociendo los crímenes que cometieron, pidiéndole perdón a las víctimas y comprometiéndose a resarcirlas. A cambio, penas alternativas a la privación de la libertad durante ocho años: restricciones a sus derechos de movilidad y obligación de trabajar en proyectos para reparar el daño causado, incluyendo colaborar en la búsqueda de desaparecidos. Todo diseñado con la participación en la mesa de diálogo de las víctimas, parte de un compromiso desde el inicio de las negociaciones en 2012. Este es un momento sin precedente que refleja el difícil, pero necesario equilibrio entre justicia y paz para poner fin a un conflicto armado.
Algunas voces, incluso de las víctimas, consideran que las sanciones son insuficientemente punitivas. Es una postura legítima que merece respeto. La justicia transicional no busca venganza o solo castigo, sino reparación a las víctimas. La JEP es una expresión de ese difícil equilibrio y su existencia misma es testimonio de una voluntad política y social de cerrar ciclos de violencia. Sus sentencias, en resumen, representan el mecanismo más concreto para garantizar que a la vez no haya impunidad por los crímenes más graves que fueron cometidos, y mientras que se saca a la luz la verdad de lo que ocurrió, las víctimas gozan de medidas de reparación y se busca garantizar la no repetición.
Mientras Colombia daba este paso histórico, México celebraba su primera Semana Nacional de Cultura de Paz, organizada por la UNAM bajo el lema “Sembramos diálogo, cosechamos paz”, que reunió a actores clave de la diplomacia, la academia y la sociedad civil, entre ellos la guatemalteca Rigoberta Menchu y el ex presidente colombiano Juan Manuel Santos, ambos ganadores de Premio Nobel de la Paz.
Este primer evento se enmarca en una iniciativa más amplia de la universidad por fomentar una cultura de paz entre la juventud y de la cual a Noruega nos enorgullece formar parte.
Noruega ha construido, a lo largo de décadas, una reputación como “nación de paz”. Su modelo de diplomacia se basa en principios claros de imparcialidad activa, voluntad de diálogo con todos, confidencialidad, aceptación de riesgos y centralidad de las víctimas. La experiencia acumulada en procesos como los de Sri Lanka, Guatemala, Israel-Palestina y Colombia ha convertido a Noruega en un actor respetado y confiable en la mediación internacional.
Uno de los pilares fundamentales del enfoque noruego es que la paz debe surgir de la voluntad de las partes. Noruega no impone soluciones, sino que facilita espacios de diálogo, incluso cuando son complejos o políticamente sensibles. Nuestra disposición a hablar con todos los actores, sin que ello implique legitimación de sus acciones, ha sido clave para abrir canales de comunicación en contextos de alta polarización. La experiencia noruega resalta además por apoyar iniciativas de justicia transicional que buscan equilibrar verdad, justicia y reconciliación. Asimismo, destaca el compromiso inquebrantable con los derechos humanos, el derecho internacional y la democracia, incluso cuando enfrenta resistencia por parte de los actores involucrados.
Aunado a esto, Noruega promueve la inclusión de mujeres en los procesos de paz a través de redes como la Red Nórdica de Mujeres Mediadoras. México ha sido un importante aliado en este camino por la igualdad, resaltando, entre otras cosas, nuestra estrecha colaboración en la creación de la Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras, que busca fomentar y dar visibilidad a su papel en la mediación de procesos de paz. Hoy es claro que continuaremos recorriendo juntos los pasos que debemos tomar para seguir asegurando paz en esta región.
Regresando a Colombia, hemos aplicado todos estos principios en el proceso de paz con las FARC de 2012 a 2016, cuando Noruega participó junto con Cuba como país garante. México igualmente juega un papel en la implementación del acuerdo, específicamente como acompañante del capítulo étnico. Su rol ha ido más allá en aquel país, fungiendo también como garante, junto a Noruega y otros países, en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Este compromiso por la paz no es nuevo, sino que forma parte de una larga y noble tradición diplomática mexicana que también ha incluido esfuerzos en pro de la desnuclearización, por ejemplo mediante el Tratado de Tlatelolco en 1967 para establecer una zona libre de armas de ese tipo en Latinoamérica y el Caribe, esfuerzo por el cual el ex canciller Alfonso García Robles fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Destaca la búsqueda de soluciones a las guerras civiles en Centroamérica en los años 80 creando el Grupo de Contadora, que juntó a México y tres países para promover la paz.
El mundo atraviesa el periodo de mayor inestabilidad desde la Guerra Fría y es fundamental estrechar esfuerzos entre México y Noruega. Es por eso que hace unas semanas firmamos una carta de intención entre la UNAM, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de Noruega en México y el Centro Noruego para la Resolución de Conflictos para profundizar esta colaboración en los meses venideros. Celebro esta alianza como un testimonio del compromiso compartido entre nuestro países para promover el diálogo y promover sociedades más justas.
