A propósito de la visita a nuestro estado, el viernes pasado, de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),Lenia Batres, resulta importante hacer una reflexión sobre la campaña que actualmente ella realiza para la aprobación de la reforma al Poder Judicial.
En principio, sería deseable, en términos de transparencia y austeridad, conocer el origen de los recursos que utiliza la ministra Batres para realizar esta gira; tan solo la semana pasada, se trasladó, según lo que ella misma comenta en sus redes sociales, de la Ciudad de México a Tijuana, Mexicali, San Luis Potosí, Yucatán y Guanajuato.
Sabemos bien que en la mayoría de las ciudades y estados mencionados no hay vuelos directos para conectarse entre sí, lo que supone traslados más largos y más costosos, a esto hay que sumar los gastos de traslados, comida y hospedaje en cada uno de los lugares que la ministra visita.
Sin duda, se trata de un tema de importancia para todos, ya que no sería correcto el uso de recursos públicos, cualquiera que sea su origen, para promover una reforma que tiene como origen el Poder Ejecutivo y su partido.
Mas grave aún, sería el hecho de que reciba financiamiento de particulares con el fin de promover la reforma que comentamos ya que, claramente, hay un interés particular externo en la aprobación de esta reforma y sus efectos en el sistema de justicia.
En el mismo sentido, vale la pena preguntarnos a qué hora trabaja la ministra, esto en el entendido de que su obligación para con los mexicanos es la de desarrollar las funciones constitucionales que corresponden a un ministro dentro de la Suprema Corte y no estar socializando una reforma al Poder Judicial, lo que se agrava cuando ella misma ha quedado exhibida en el Pleno de la Corte por sus deficiencias graves en el conocimiento del Derecho.
Dentro de estas deficiencias habría que preguntarle a la ministra sobre si tiene la mínima idea sobre el hecho de que el T-MEC obliga a México a tener una independencia judicial, cuestión que queda en duda con los alcances de la reforma que el presidente y su partido proponen y que, la ministra, apoya sin reflexionar sobre el hecho de que se trata de una obligación del Estado Mexicano impulsar, mantener y defender la independencia del Poder Judicial.
Finalmente, en una reforma en la que se pretende que los jueces sean elegidos por el voto popular, cabe pensar en que una de las consecuencias de instaurar esta medida en nuestro país, es que el juez que resulte electo tendrá que cumplir sus promesas con condenas absolutorias o favorables para el grupo de poder que lo impulsó, de ahí que la naturaleza del juez no es la de ser popular, es la de ser eficiente, es la de cumplir con la ley y con la justicia, es la de ser garante de los derechos humanos, cuestión que no se logrará con la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
