La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del decreto del presidente en el que se clasificaba de interés público y seguridad nacional algunos de los proyectos del gobierno federal. La determinación de la Suprema Corte se sustenta en el hecho de que dicho decreto obstaculiza el derecho que tenemos todos los mexicanos para acceder a la información pública.
Con estas decisiones, que protegen a todos las personas, la Suprema Corte se ha consolidado como un auténtico defensor de los derechos humanos y del equilibrio de poderes, tal como le corresponde en la idea constitucional de la división de poderes y equilibrio de los mismos; de ahí que esta misma semana se haya vuelto a ver toda una serie de ataques a la Suprema Corte y a sus integrantes.
También es importante mencionar que el derecho humano de acceso a la información tiene como finalidad que cualquier persona pueda buscar y recibir información en poder del gobierno; es decir, que se puede solicitar información a los municipios, gobiernos estatales, congresos, poderes judiciales, gobierno federal y a todo organismo público e incluso, a todo aquel organismo que reciba recursos públicos, incluyendo sindicatos y partidos políticos.
A su vez, el derecho de acceso a la información complementa otros derechos, entre los que destacan los de libertad de pensamiento y libre expresión de ideas, impulsando un gran círculo virtuoso.
Por lo tanto el acceso a la información es un multiplicador de derechos, que nos acerca a su pleno ejercicio. Es, además, un elemento fundamental para el pleno desarrollo de una sociedad democrática, con gobiernos transparentes, que rinden cuentas y responden con hechos a las inquietudes de la sociedad a la que representan.
Para muestra basta un botón: este derecho ha permitido, en los últimos años, que se realizaran varias investigaciones que han permitido dar a conocer diversos actos de corrupción; información que en manos de la ciudadanía ha permitido combatir la impunidad y realizar diversos cambios legales para atender y prevenir las situaciones detectadas.
Es cierto que el derecho de acceso a la información tiene límites, pero estos son únicamente aquellos que expresamente plantea la ley en casos donde se ponga en peligro la seguridad del estado o los datos se consideren información privilegiada sobre temas específicos de la administración pública. Fuera de esos escenarios, el acceso a los datos del gobierno y del uso de los recursos públicos debe ser pleno.
Celebremos el fallo de la Corte y, más allá de colores partidistas, seamos ciudadanos conscientes. No podemos permitir que se dé un paso atrás en este tema y en muchos más que impliquen un retroceso al pleno ejercicio de nuestros derechos.
