En varias ocasiones he escrito aquí, sobre los diversos ataques que el partido en el poder y el presidente de la República han emprendido contra el Poder Judicial.
No se puede dejar de mencionar que es una obsesión del presidente contar con un Poder Judicial que no sea contrapeso de los otros poderes.
Una república democrática, representativa y federal implica que el poder público no se deposite en una sola persona y, para lograr este objetivo el Estado, se divide en tres ramas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial; ninguna está encima de la otra, las tres comparten el poder público, se trata de un sistema de pesos y contrapesos.
Estos son principios plasmados en la Constitución; que el gobierno no se encuentre sometido a una sola persona, por ello se elige por vía del voto a legisladores y presidente de la República; la elección de los integrantes del Poder Judicial se hace mediante un mecanismo de democracia indirecta, donde el elector da facultades a los senadores, para elegir a quienes integren la Suprema Corte.
Y es así porque la labor de los jueces es especializada, no son propiamente representantes populares que deban llevar una postura política al juzgado, por el contrario, la función judicial se organiza por materias, territorio, cuantías y elementos que requieren de preparación, especialización y estudio constante.
La propuesta del presidente para elegir ministros, magistrados, jueces de distrito, magistrados locales y jueces es en sí un despropósito al principio mismo de la división de poderes.
En Guanajuato, que actualmente hay en funciones 297 jueces y 20 magistraturas, todos ellos dedicados a la resolución de procesos civiles, penales, mercantiles, laborales y justicia para adolescentes.
Queda claro que no hay un parámetro objetivo para elegir, por medio del voto popular, a quienes deban ocupar dichos puestos, considerando que, actualmente, a todos esos funcionarios la carrera judicial les exige estudios, experiencia, la realización de ponencias y toda una serie de actividades que tienen por objeto garantizar la excelencia en la función judicial.
No visualizo cómo podríamos, como sociedad, elegir a todos estos jueces de una manera objetiva, mucho menos cómo se podría organizar una elección para dichos funcionarios, considerando que el mecanismo propuesto no da claridad de cómo organizar la elección de jueces federales y estatales.
La venganza personal del presidente contra el Poder Judicial no puede arrastrar a todos los mexicanos a un caos en la resolución de conflictos; el ejercicio del Poder Judicial en sus funciones de contrapeso de los otros dos poderes no puede ser el pretexto para poner en peligro el funcionamiento de Poder Judicial en nuestro país ni el acceso a la justicia de las y los mexicanos.
Finalmente, hay que observar el caso de Bolivia, donde se puso en práctica la elección de jueces por el voto popular y el Poder Judicial terminó convertido en un caos. Hay tiempo todavía.
