América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo con mayor legislación en materia de igualdad de género. La Convención de Belém do Pará de 1994 es, de hecho, el primer tratado que se elaboró a nivel global sobre violencia contra las mujeres; y la región concentra además la tasa más alta de representación femenina en parlamentos nacionales. Esto convive, sin embargo, con brechas económicas, financieras y sociales que siguen siendo estructurales y persistentes y con dificultades para la medición del impacto real de las políticas públicas existentes sobre la vida de las mujeres.
Revertir esta realidad requiere de una batería de acciones simultáneas en varios frentes. Los Estados nacionales enfrentan el desafío de consolidar marcos legales que no solo reconozcan derechos, sino que también los financien. Esto es, presupuestos con perspectiva de género, políticas de cuidado, y sistemas de protección social que incluyan a las trabajadoras informales.
Los gobiernos subnacionales, a su vez, tienen un rol crítico en la implementación local de esas políticas porque son, por un lado, las instancias más cercanas a la comunidad y el punto de contacto directo con las mujeres y, por el otro, porque la mayor parte del gasto social ejecutado localmente no cuenta con perspectiva de género.
En tanto, los organismos multilaterales deben seguir formalizando sus taxonomías de género para financiar obras que tengan incidencia cada vez mayor en la inclusión de género en sus componentes, de modo de poder acompañar a los países en la elaboración y puesta en marcha de sus políticas públicas.
Por último, la sociedad civil, que ha sido históricamente la que primero lideró estos desafíos y construyó posibles hojas de ruta, necesita recursos, espacios de incidencia y reconocimiento institucional. Ninguno de estos actores puede hacerlo por sí solo. La transformación requiere que todos actuemos articuladamente, con metas comunes y rendición de cuentas de cara a la sociedad.
En ese contexto, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW) celebró esta semana su septuagésima edición, en Nueva York. El encuentro, que es el principal foro multilateral de género del mundo en donde los Estados negocian normas internacionales y renuevan sus compromisos en la materia, fue una excelente plataforma para presentar el trabajo que desde CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe venimos llevando adelante en el área de género.
Durante el encuentro, nos reunimos con titulares de las carteras nacionales de la Mujer de la región y autoridades de COMMCA -el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana- para avanzar en nuevas iniciativas y programas. Además, mantuvimos encuentros con las principales decisoras de política pública global y con referentes como la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y la subsecretaria General de las Naciones Unidas y directora Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschet.
Hace cuatro años, en Paraguay, lanzamos nuestra Estrategia de Género 2022-2026. Fue el primer documento formal de la institución en la materia, que introdujo una taxonomía de género propia para medir el nivel de incorporación de la perspectiva para cada operación de crédito y cooperación técnica, y estableció además nuevas alianzas con organismos internacionales y una transformación de nuestra propia cultura organizacional. Los números de ese período son positivos. Entre 2022 y 2025, aprobamos 73 operaciones de crédito con componente de género en 17 países, y destinamos 123 millones de dólares en líneas de crédito para más de 10,000 pymes lideradas o integradas por mujeres.
Pero sabemos que no es suficiente. Hoy queremos dar continuidad y profundidad a ese camino porque sabemos que las políticas de género no son políticas sectoriales, ni propias de una minoría. Las mujeres representan la mitad de la población mundial y, por ende, son el núcleo de cualquier agenda de desarrollo que aspire a ser justa y sostenible. En ese marco, seguiremos avanzando en instrumentos de financiamiento que integren criterios de género desde el diseño, pasando por su implementación, y hasta llegar a la medición de impacto.
El trabajo que tenemos por delante es urgente, y debe estar liderado por estrategias que piensen en el desarrollo de las mujeres desde todas las aristas posibles.
