Con la declaración del semáforo epidemiológico en verde en la mayoría de los estados del país, pareciera advertirse la salida de la pandemia de COVID-19 y, con ello, un aparente buen ánimo con tintes de tranquilidad y esperanza; sin embargo, aún falta ver el panorama completo de los estragos que causó la crisis sanitaria en amplios sectores de las sociedades y en diferentes dimensiones.
México es el tercer país del mundo con el mayor número de personas huérfanas como consecuencia de los fallecimientos por COVID-19. Se calcula que, hasta el 22 de septiembre del año 2021, 244 mil 500 niñas, niños y adolescentes habían perdido a sus padres, abuelos o personas que tenían su custodia.
Así los dio a conocer en septiembre de 2021, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en el que se expone que la orfandad en México, por este motivo, se encuentra sólo por debajo de India, con 387 mil 900 casos, y de Brasil, con 273 mil 300.
Estos datos hablan de una realidad insoslayable. La UNICEF advierte que muchos de los hijos e hijas de las personas fallecidas por COVID-19, además de perder a uno o a sus dos padres, han quedado sin refugio, sin recursos y sin nadie que les tienda la mano; en otros casos, enfrentan el riesgo de ser colocados bajo un cuidado alternativo inadecuado que puede generarles mayor angustia emocional y problemas relacionados con su protección. Es un hecho que la separación de la familia y la incorporación a entornos desconocidos y no apropiados causan daños inmediatos y a largo plazo.
Además, estos menores tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia, abusos, abandono y explotación; es decir, estamos frente a otra crisis que no parece estar siendo atendida y, peor aún, da la sensación de que se está invisibilizando, mientras se gesta un gran problema social.
La misma UNICEF ha llamado a los Estados a garantizar los derechos humanos de la infancia en orfandad, a reforzar servicios de protección y a mantener abiertas y accesibles las escuelas y otros servicios para ella.
Sin embargo, y si bien hay exhortos desde el Congreso de la Unión para que instancias gubernamentales se hagan cargo del asunto, aún no se ve estrategia, programa o acción alguna que salvaguarde el derecho de estos niños a vivir y crecer en un entorno que apoye su desarrollo físico, psicológico, social y emocional.
Nadie desea que el destino de esta porción de la niñez mexicana sea el abandono y, mucho menos, el olvido, porque no es posible y porque sí podrán presentarse muchas y graves consecuencias.
Carolina Monroy
