Aunque una revolución es un movimiento disruptor que tiene como fin impulsar una transformación y cuyas características son la sorpresa y el sigilo, sólo en México ocurre que se proclama abiertamente mediante el Plan de San Luis un 5 de octubre para estallar el 20 de noviembre de 1910.
Pues bien, también únicamente en México se anuncian bloqueos de carreteras en el país con semanas de antelación por parte de agricultores para poner de cabeza al país, sin la intervención de interlocutores efectivos que puedan frenar la protesta.
Los productores de maíz de distintos estados mantienen como estrategia una serie de bloqueos carreteros para exigir un precio mínimo de 7 mil 200 pesos por tonelada, cifra que consideran indispensable para cubrir sus costos y evitar la quiebra. Señalan que el precio actual de comercialización está muy por debajo de lo necesario para sostener la producción, pese al incremento en combustibles, fertilizantes y maquinaria.
El gobierno federal ha tratado de contener la inconformidad con un paquete de apoyo limitado. Ofrece un subsidio de 950 pesos por tonelada, créditos con tasas preferenciales, seguros agrícolas y la creación de un regulador del mercado. Sin embargo, los agricultores aseguran que la propuesta no compensa el desplome del precio de compra y que el ajuste está lejos de resolver el desequilibrio entre sus gastos y sus ingresos.
Los bloqueos han sido particularmente severos en Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, Sinaloa y otras entidades, donde cientos de tractores y camiones provocan cierres de tramos federales. En algunos puntos, estos bloqueos ocasionan que el tráfico permanezca detenido por varios días, afectando tanto a productores como a conductores atrapados en las filas de vehículos.
Las pérdidas económicas también se han disparado. Las cámaras del autotransporte calculan que cada camión parado pierde alrededor de 60 mil pesos por día, mientras que organizaciones empresariales estiman daños acumulados superiores a 2 mil 300 millones de pesos durante los primeros días de protestas, sin contar afectaciones indirectas a comercios que dependen de entregas diarias.
Como consecuencia el desabasto afecta siempre a diferentes eslabones de la cadena alimentaria. En ciudades como León, Guadalajara y Morelia, tortillerías reportaron en su momento retrasos en entrega de maíz y aumentos de precio. En mercados y tianguis, frutas y verduras mostraron incrementos de hasta 50 por ciento debido a que los operadores logísticos deben desviar rutas o absorben mayores costos por tiempos de espera.
Los transportistas atrapados por los bloqueos exigen al gobierno garantías de libre tránsito. Aunque respetan el derecho a la protesta, el cierre de carreteras asfixia a miles de choferes que viven al día y que no pueden absorber pérdidas tan altas. Cargas con perecederos han terminado en la basura por no poder avanzar a tiempo hacia los centros de distribución.
Analistas del sector agroalimentario advierten que esta crisis refleja un problema estructural: México depende de un mercado volátil que deja a los agricultores a merced de precios internacionales, mientras carece de un sistema nacional de almacenamiento y comercialización que estabilice temporadas de sobreproducción o caída de precios.
En medio de la tensión, la situación deja al descubierto el vacío institucional en el campo mexicano. La protesta no sólo exige un pago justo por el maíz: evidencia la necesidad de una política agrícola moderna, con infraestructura, regulación y una estrategia que impida que la única vía de presión de los productores sea paralizar al país.
Y lo más delicado, deja claro que el gobierno federal no cuenta con operadores de talento que puedan actuar con credibilidad para evitar la protesta a estos niveles. Aquí ya no cabe repartir culpas a Calderón, a la oposición y a quienes buscan derrocar a la 4T.
De la protesta de transportistas por los asaltos en carreteras es otra historia que merece un capítulo aparte.
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