Si la resolución inicial que violó el derecho de Rosario Robles a capotear su proceso en libertad fue aviesamente sañosa (lo que implica inquina, ojeriza, tirria, encono, rabia), la ratificación de su encierro “preventivo” dictada por el mismo inexplicable juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es un ruin acto de sevicia, puesto que el castigo anticipado por un delito pendiente de comprobación delata impiedad, maldad, ferocidad, encarnizamiento, al pasar por alto la piedra angular del que se antojó prometedor y civilizatorio nuevo sistema penal acusatorio: la presunción de inocencia.
Ante la orden del magistrado Ricardo Paredes de realizar otra audiencia para revisar si debía permanecer en prisión porque en la primera “se vulneraron sus derechos” y no se analizaron ni establecieron las razones para enchiquerarla, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, opinó la víspera que se debía mantener tras las rejas a la ex secretaria, y la institución a su cargo emitió un comunicado en el mismo sentido, arguyendo que la imputada y sus abogados han mentido y ella puede fugarse.
De nada sirvió que se haya demostrado que el Ministerio Público Federal presentó una falsa licencia de conducir (con domicilio en el Estado de México) ni la suposición de que, por haber viajado a Costa Rica (de donde regresó al país para enfrentar el juicio), la acusada pudiera escapar. Ambos señalamientos, sin embargo, se desmantelan ante la solidez documental de la licencia permanente certificada por la Secretaría de Movilidad que señala como su domicilio el de Los Reyes, Coyoacán (en donde la propia ex perredista recibió y firmó un oficio de la Función Pública), como tampoco se entiende el recurso de retener su pasaporte para impedirle salir al extranjero.
Entre 14 opciones para evitar se sustraiga de lo que la Fiscalía y el sobrino de la diputada Dolores Padierna interpretan por “justicia”, con descarada mano negra se le aplicó la extrema de la cárcel.
De los elementos que hacen de éste un caso aberrante, poco judicial y muy político, sobresale el hecho de que entre todos los presuntos implicados (son decenas, si no es que cientos) en la llamada estafa maestra, ningún otro ex funcionario ni achichincle de instituciones diferentes a las que Robles encabezó (Sedesol y Sedatu), como tampoco alguno de la veintena de universidades públicas implicadas en cobros multimillonarios con facturas apócrifas, haya sido tocado por los inquisidores de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General.
Asombra que el Consejo de la Judicatura Federal desoiga el ruidoso sospechosismo sobre el juez Delgadillo Padierna, quien además de cachetona parcialidad prodiga ofensas y amenazas en las audiencias.
Por eso y más es verosímil y comprensible lo que para Mariana Moguel no admite dudas: el fallo del sobrino idóneo entraña una venganza que convierte a su madre en la “presa política” de la 4T.
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