Desde la antigua Grecia se advertía contra el gobierno de los ricos. Aristóteles, en su Política, sostenía que la oligarquía no era una forma legítima de gobierno, sino una deformación de la justicia: el poder subordinado al interés particular. Para él, un buen gobernante debía orientar la vida común hacia la virtud, no hacia la acumulación. Aquella vieja sospecha cobra actualidad con la breve e ilustrativa incursión de Elon Musk en la administración Trump.
El paso fugaz del hombre más rico del mundo por el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) terminó como era previsible: sin cumplir su grandilocuente promesa de ahorrar 2 billones de dólares al gasto federal. El recorte de ayuda internacional y el despido masivo de servidores públicos apenas produjo —según sus propios cálculos— un ahorro de 150 mil millones. El cohete de Musk, que despegó con retórica empresarial, se estrelló con la complejidad irreductible del servicio público. Porque hacer coches no es lo mismo que gobernar una república.
La idea de gestionar el Estado como si fuera una “startup” no sólo es conceptualmente errónea: es peligrosa. Como advierte Mariana Mazzucato, al tratar al gobierno como si fuera una empresa “se ignoran sus responsabilidades únicas y su papel en la configuración de mercados, no solo en reaccionar ante ellos”. Los Estados no buscan utilidades, sino bienes públicos. No escalan productos: garantizan derechos. No resuelven problemas simples, enfrentan dilemas complejos.
Contrario al eficientismo gerencial, el Estado no es una hoja de cálculo. Es una arena de disputas y acuerdos imperfectos. Gobernar implica decidir en medio de la incertidumbre, con brújula ética, sensibilidad cívica y visión a largo plazo. No basta con optimizar: hay que representar. No basta con innovar: hay que proteger. No basta con calcular: hay que deliberar.
La breve cruzada de Musk por “limpiar” el gobierno reafirma una de las advertencias más lúcidas de Michael Sandel en Lo que el dinero no puede comprar: cuando una sociedad se equipara con un mercado, todo —la salud, la educación, la justicia— se mide con el rasero económico. Y entonces, lo que no tiene precio pierde valor: la dignidad y el bien común.
Los ciudadanos no son clientes, ni la política es un negocio.
