Hoy México vive uno de los momentos clave en el transcurso del ciclo de la pandemia del nuevo coronavirus. En principio, estamos haciendo frente a una de las peores crisis sanitarias de la vida reciente nacional en donde el sistema nacional de salud está cerca de verse rebasado por la cantidad de gente que día a día, exige más y mejor calidad atendiendo la emergencia de salud. Por otra parte, el distanciamiento social y el cierre económico que éste representa está llevando al país a una recesión histórica.
En ese sentido ya no es noticia que el presidente de México haga caso omiso a las medianas y grandes empresas que desde su trinchera han solicitado un diferimiento en el pago de impuestos para poder sostener a sus plantillas. El foco está puesto sobre los programas asistencialistas de ayudas económicas en los que “unilateralmente” se definió utilizar los recursos públicos.
Este empecinamiento ideológico de únicamente atender a los más pobres me parece loable en que debe ser la población prioritaria, sin embargo, por lo que estamos viendo bajo las circunstancias actuales este grupo vulnerable será cada vez mayor si no se actúa en virtud de proteger las fuentes formales de empleo.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la coyuntura actual podría revertir los avances de México en temas de desarrollo social, afectando a los más vulnerables ante un incremento en la pobreza, marginación, violencia y desigualdad social.
Desde el impacto del Covid-19 en nuestro país, hoy en día se han perdido más de 750 mil empleos formales y se calcula que esta cifra puede ascender a 2 millones en los próximos meses. Mientras que a inicios de abril el presidente aseguraba en un informe ante un foro sin personas en Palacio Nacional que se crearían esos mismos dos millones de empleos en 9 meses.
De acuerdo con las estimaciones de dicho organismo, los niveles de pobreza oscilarían entre un 7.2 y un 7.9 por ciento mientras que la población en situación de pobreza extrema rondaría los 6.1 y 10.7 millones para este año. Es esa incapacidad del gobierno de entender las profundas implicaciones que conlleva una crisis multisistémica de esta naturaleza, en donde todas las variables y todas las voces deben ser consideradas, que ya se ve reflejada en la falta de políticas públicas comprensivas, de fondo, que atiendan a la población con ingreso medio.
Al contrario, vemos como todos los esfuerzos se centran en programas ya existentes que perpetúan la pobreza y en prioridades políticas como el financiamiento a los megaproyectos, además de llevar a límites insostenibles las medidas de austeridad.
Estamos en un proceso de democratización de la pobreza en el que millones de personas están en riesgo de perder las herramientas mínimas para sostener a sus familias, ya que no hay una propuesta para recuperar la planta productiva ni tampoco iniciativas de crecimiento incluyente. Ya tocamos la puerta de la descomposición social, ingobernabilidad y un incremento sostenido de la violencia en el país.
* Militante Priista
