Desde que el que actual presidente de México “inició” su campaña por la investidura refirió la construcción de un nuevo aeropuerto como uno de los principales proyectos de infraestructura de su sexenio. Lo anterior, a pesar de que ya se tenían avanzadas las obras de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, Estado de México.
Una vez ganadas las elecciones, el ahora presidente electo, se reunió junto con su equipo de transición con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno que concluía para hablar sobre ese nuevo proyecto que sería cancelado. Además, realizó una polémica encuesta ciudadana con la que se confirmó la decisión.
Al final del día, la cancelación en Texcoco le representó al gobierno 70 mil millones de pesos del erario para finiquitar los casi 700 contratos atrás que el aeropuerto en Texcoco tenía en curso. Atrás quedaron las recomendaciones de expertos internacionales en aeronáutica sobre la inviabilidad de la obra y la lluvia de juicios de amparo en una multitud de temas.
La realidad es que, la construcción de un nuevo aeropuerto hizo muy evidente y enfrentó a “los dos Méxicos”, el que critica la pérdida de contratos y pondera el grado de inversión extranjera que cobija a México como un lugar con las condiciones para hacer negocios y producir empleos, y el otro México cansado del despilfarro irresponsable, harto de la corrupción.
Los tres megaproyectos del presidente, la refinería en Veracruz, el Tren Maya y el aeropuerto en Santa Lucía son también el reflejo de un gobierno autocrático que pretende cambiar el rumbo de México a base de prueba y error, desechando todo lo conseguido en sexenios anteriores como parte de esa “limpia” ejemplar en la que sólo quedaron los allegados y aliados a su causa.
¿No se suponía que uno de los factores decisivos para no desarrollar en Texcoco era la preservación ecológica de la región? ¿Qué ocurre con todas las hectáreas que están siendo arrasadas para la construcción de la refinería? Lo anterior, aunado a las acusaciones a la Secretaria de Energía, Roció Nahle, de asignar uno de esos contratos de limpia y construcción a uno de sus familiares.
Por otra parte, se anuncian los avances de la construcción de la obra sin la menor consideración de los estragos que la pandemia del coronavirus ocasiona a nivel mundial, afectando todos los sectores productivos, incluido el de la construcción y el aeronáutico.
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) recomendó al gobierno de México reconsiderar temporalmente la inversión en el aeropuerto de Santa Lucía, por la caída dramática del transporte aéreo a nivel mundial. Estimaron que la industria tardaría entre dos y cuatro años para normalizar sus funciones. Mientras tanto, se estima que para este año se inviertan 25 mil millones de pesos en las obras.
El mensaje es claro, no se escatima en recursos, siempre y cuando el presidente así lo considere, sin importar el recorte de salarios de sus mismos funcionarios. Ese interés desmedido e irresponsable de gobernar sin considerar a todos los actores es, en teoría, de lo que se quiere deshacer, ¿no es así?
* Militante Priista
