La semana pasada el presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó su Plan Nacional de Seguridad 2018-2024 que plantea enfrentar un conflicto armado que se tiene desde hace años con el narcotráfico planteando la creación de una Guardia Nacional y el otorgamiento de amnistía a los grupos delictivos.
En otros países se han dado procesos de paz ante diversos conflictos armados como Irlanda, el País Vasco, El Salvador y Colombia en donde se ha otorgado la amnistía bajo términos bien consolidados. Pero el conflicto en México es completamente diferente a los anteriores, ya que las razones que existen atrás de la pugna que nosotros enfrentamos tiene un fondo comercial de mucho éxito, que es la venta de estupefacientes.
La idea de entablar una amnistía no es mala; por ejemplo, el perdón que Colombia ofreció al movimiento que representaban las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, es un ejemplo claro de cómo priorizar la paz sobre el castigo. No representó la solución perfecta, pero por fin Colombia pudo alcanzar la paz. En México todos hemos sido testigos de cómo las consecuencias de la guerra contra el narco han sido devastadoras.
Desafortunadamente, la propuesta de la amnistía del nuevo gobierno tiene tintes de improvisación y no cuenta con un plan detrás que lo sustente. Pongamos, por caso ejemplar, la determinación de las respectivas responsabilidades en las desapariciones de los civiles que han perdido su vida en esta guerra ante el narcotráfico y que no comprenden simplemente a los miembros de los diversos grupos delincuenciales, sino también a los representantes del estado como policías, alcaldes y miembros de las fuerzas armadas que tienen diferentes grados de responsabilidad. Ninguno de los mencionados puede decirse libre de participación en esta guerra. Ante estos supuestos, ¿a quién se le ofrecería amnistía?¿al soldado, al policía, al alcalde o se les juzgaría aún más fuerte por ser parte de ese estado negociador? ¿Dónde quedan las víctimas?¿Qué hacer con aquéllas personas que terminaron inmersas en la cadena del narcotráfico, pero que no la controlan? ¿Cómo proceder ante esos eslabones más débiles? ¿Qué hacer con los campesinos que se encuentran inmersos en actividades ilícitas? ¿Qué trato recibirían ante esta propuesta? No olvidemos que parte del fracaso que enfrentamos ante la guerra del narco, es que el gobierno mexicano ha concentrado sus operativos de seguridad y su capacidad de administrar justicia en perseguir a los consumidores y a los campesinos cultivadores. Este proceder nos ha condenado a no lograr desarticular las redes criminales que realmente controlan el negocio.
Lo cierto es que, para encontrar una solución al problema de las drogas, México necesita transformar las condiciones de vida en las regiones más golpeadas por la violencia y por las economías del narcotráfico.
El gobierno entrante debe ser consciente de que necesita herramientas diferentes para poder sacar del negocio a grupos del crimen organizado que no tienen fines políticos sino netamente comerciales. El lado positivo de esta propuesta es que toda amnistía genera el principal incentivo para dejar las armas en una guerra que para muchos parece perdida.
