Las medidas de confinamiento que ha adoptado el gobierno mexicano para evitar la propagación de Covid-19 han favorecido a los incrementos de niveles de violencia y homicidios en nuestro país. México es uno de los epicentros de violencia de género más graves en este continente, lo que ha provocado que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrente numerosas críticas por este hecho.
El domingo 8 de noviembre se dio en Cancún una violenta represión a una protesta contra los feminicidios. Esta es la sexta manifestación de mujeres que exigen justicia por querer una vida libre de violencia y que es reprimida con uso excesivo de la fuerza pública, lo que se suma a abusos cometidos en Culiacán, Guanajuato, Estado de México, Chihuahua y Ciudad de México.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que más de 40% de las mujeres en este país ha sido víctima de alguna agresión sexual. El feminicidio es el extremo de la violencia contra las mujeres y es tan grave en nuestro país, que realmente no se sabe con certeza cuántas víctimas son y es una tendencia que desafortunadamente va en aumento.
Por otra parte, las condiciones laborales de las mujeres han empeorado, ya que las actividades de hospedaje y alimentación que ocupan en su mayoría al sector femenino, con 60%, cayeron 72% de acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica de mayo. Este dato ratifica la difícil situación económica que enfrentan las mujeres; además de la desigualdad y la discriminación que enfrentan en su vida diaria. Ante estos hechos seguimos escuchando una postura oficial e indiferente que se encuentra llena de discursos vacíos, populistas y sin sentido, totalmente alejados de la peligrosa realidad de las mujeres.
Para cambiar esta situación es necesario atender de manera urgente al sistema de justicia y poner fin a la impunidad. Las autoridades federales y estatales deben de implementar leyes y políticas nacionales para mejorar la situación de las víctimas y fortalecer las acciones de prevención, protección, atención, investigación, persecución, sanción y reparación integral. El estado debe de dejar de ser un ente sin vida ni respuesta que actúa de manera indiferente ante los constantes agravios que ellas viven y ocuparse para facilitar el acceso efectivo a la justicia de todas las mujeres del país.
