México está por emprender uno de los cambios laborales más profundos de su historia contemporánea: la reducción de la jornada de trabajo de 48 a 40 horas semanales. El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, marca el inicio de una transformación que se implementará gradualmente entre 2027 y 2030 y que promete equilibrar el desgaste laboral con la calidad de vida. Es, sin duda, una reforma ambiciosa que coloca al país en una ruta que por décadas era considerada políticamente inviable.
La modificación no solo se integrará a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo, sino que acercará a México a los estándares internacionales donde la jornada de 40 horas es la norma. Para millones de trabajadores, este cambio representa la posibilidad real de tener más tiempo para su familia, su salud y su vida personal sin sacrificar salario ni prestaciones. La evidencia internacional es clara: jornadas más cortas pueden incrementar la eficiencia, reducir accidentes e incluso mejorar el clima organizacional. En ese sentido, el anuncio del gobierno responde a una deuda histórica con una fuerza laboral que durante años ha sido de las más agotadas del mundo.
Sin embargo, el entusiasmo legítimo convive con la otra cara de la moneda: la complejidad económica. México arrastra una de las productividades más bajas dentro de la OCDE. Esa debilidad estructural —resultado de la baja inversión, burocracia excesiva, escasa capacitación y tecnología insuficiente— amenaza con convertirse en el mayor obstáculo de la reforma. Reducir horas sin elevar productividad podría encarecer costos operativos, afectar la competitividad e incluso generar inflación en algunos sectores.
Las empresas, especialmente las PYMES, enfrentan un reto severo. Reorganizar turnos, contratar nuevo personal o invertir en digitalización implica costos que muchos negocios no están en condiciones de asumir fácilmente. De ahí que el sector empresarial rechazara cualquier implementación inmediata y defendiera una transición gradual. El acuerdo entre gobierno, patronales y sindicatos —resultado de más de 40 mesas de trabajo— permitió trazar una ruta que busca minimizar impactos sin frenar el objetivo de fondo.
Los sindicatos celebran la medida y la califican como un “avance histórico”. Aun así, también reconocen que la gradualidad es necesaria para evitar despidos o mayor informalidad. Además, tendrán un papel crucial en vigilar que no haya simulación de contratos, que los salarios se mantengan intactos y que la reducción de horas no se traduzca en precarización. Al mismo tiempo, deberán colaborar con el sector empresarial para impulsar mejoras en productividad, un elemento indispensable para que la reforma no se convierta en un triunfo simbólico pero impracticable.
Para el gobierno, la tarea es titánica. No solo deberá garantizar que las empresas cumplan la reducción sin afectar derechos laborales, sino que también tendrá que fortalecer la inspección, apoyar a las PYMES y promover programas de capacitación que permitan aumentar la productividad. Mantener la estabilidad económica será vital: una implementación mal planificada podría generar desempleo o un aumento de costos que contradiga el espíritu social de la reforma.
La iniciativa llegará al Congreso en los próximos días. Con la mayoría legislativa del oficialismo y el respaldo político que tiene entre la ciudadanía, es probable que avance sin cambios sustanciales. México se pondrá entonces en sintonía con una tendencia global que busca equilibrar el trabajo con el bienestar.
La pregunta no es si la reforma es justa —lo es—, sino si el país podrá ejecutarla sin desajustes económicos severos. El éxito dependerá de la capacidad colectiva: gobierno, empresas, sindicatos y trabajadores. La oportunidad es histórica, pero también lo es el riesgo. El desafío no termina en 2030; empieza ahí. México tiene la posibilidad de construir un modelo laboral más humano. Ahora deberá demostrar que también puede hacerlo sostenible.
Andrés Rodríguez Rodríguez
Experto en Derecho Laboral de Santamarina y Steta
