En estos días, el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) frente a Palacio Nacional ha devuelto al centro del debate público una vieja herida del sindicalismo mexicano: las reformas estructurales que alteraron de raíz el sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado.
Entre las demandas del magisterio disidente hay una que destaca por encima de los incrementos salariales —por cierto, desproporcionados si se toma en cuenta que solicitaron un alza del 100 % mientras que el gobierno federal ofreció un 9 % más un punto adicional en septiembre—: la exigencia de derogar la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007. Esta no es una propuesta nueva, pero sí una que cobra fuerza ahora que la administración de Claudia Sheinbaum ha abierto el camino para revisar algunas de las grandes transformaciones institucionales de los últimos años.
Recordemos que esa reforma de 2007 marcó un parteaguas: el Estado dejó de ser el administrador directo de los fondos de pensión de sus trabajadores y se dio paso al esquema de cuentas individuales manejadas por Afores, como ya se había hecho en el sistema del IMSS 10 años antes. Con ello, se transitó hacia un modelo de pensiones basado en la capitalización individual, con el argumento de garantizar la viabilidad financiera del ISSSTE a largo plazo. El resultado fue una reducción sustancial en el monto de las pensiones para quienes ingresaron al servicio público después de esa fecha.
Este cambio fue producto de un amplio consenso político. Se discutió, se votó y se aprobó sin mayor resistencia social en su momento. Sin embargo, han pasado casi 18 años y el tiempo ha mostrado los efectos adversos de aquella decisión. La promesa de una mayor estabilidad financiera no se ha traducido en mejores condiciones para los trabajadores. Por el contrario, los niveles de retiro son considerablemente menores en comparación con los anteriores esquemas solidarios. ¿La consecuencia? Un creciente malestar que hoy estalla en las calles con fuerza renovada.
Lo paradójico del asunto es que muchos de quienes hoy se movilizan no protestaron en aquel 2007. Quizás por desconocimiento, quizás por falta de organización, o quizá porque el verdadero impacto de la reforma sólo se volvió tangible con los años. Lo cierto es que la CNTE, históricamente combativa, ha asumido la representación de un reclamo que trasciende al sector educativo y que afecta a la totalidad de los burócratas federales.
Este tipo de reformas estructurales nos recuerdan una constante de la política pública mexicana: las decisiones impopulares que se justifican bajo el discurso de la sustentabilidad financiera a largo plazo, pero que carecen de una narrativa de justicia social en el corto plazo. Y cuando esa narrativa falla, lo que se erosiona es la legitimidad del Estado como garante del bienestar de sus trabajadores.
El caso de la CNTE y su demanda para revertir la reforma al ISSSTE pone sobre la mesa una disyuntiva crucial: ¿debe el Estado revisar, e incluso revertir, decisiones adoptadas hace casi dos décadas si se demuestra que fueron lesivas para una mayoría? ¿O debe mantenerse firme en aras de preservar un modelo que, aunque eficiente en lo fiscal, ha resultado inequitativo en lo humano?
La nueva administración federal tiene frente a sí una oportunidad y un reto: abrir el debate público de fondo sobre el sistema de pensiones y construir, de la mano de los trabajadores y especialistas, un nuevo consenso que combine sostenibilidad con dignidad. Porque no se trata solo de números en una hoja de cálculo. Se trata del futuro de millones de trabajadores que dedicaron su vida al servicio público bajo la promesa de un retiro digno.
Si esa promesa sigue quebrantada, la protesta volverá —una y otra vez— a ocupar la plaza. Porque cuando el Estado pierde credibilidad en su palabra, lo que se pone en entredicho no es una ley: es el pacto social mismo.
