Lo que vimos el martes en la autopista Puebla-Orizaba no fue solo un bloqueo carretero; se trató de una radiografía política de lo más crudo y además, en tiempo real, de lo que pasa en Quecholac.
Mientras cientos de automovilistas padecían el caos a la altura de Palmarito Tochapan, en el terreno digital se gestaba una escena desafiante para cualquier manual de gobernabilidad. La alcaldesa, Guadalupe Martínez Gerardo, y su padre, Antonio Valente Martínez Fuentes, alias El Toñín protagonizaron una transmisión de Facebook en vivo que levantaron un fuerte cuestionamiento: ¿Quién manda realmente en Quecholac?
Es comprensible, y hasta humano, que un padre busque proteger a sus hijos. El instinto paterno no sabe de cargos públicos. Sin embargo, cuando una hija detenta un cargo y ostenta la representación pública de miles de ciudadanos, la dinámica doméstica debe quedar, obligadamente, en la puerta de la alcaldía. Como dicen las abuelas: la ropa sucia, se lava en casa. Flaco favor le hace El Toñín a la edil al deslegitimarla.
Y es que cualquiera que hoy busque una solución en aquellas tierras, la va a tener más fácil con quien parece ser el mandamás, que con quien se supone es la máxima autoridad.
Es políticamente preocupante ver a una presidenta municipal, autoridad constitucional electa, transmitiendo no desde sus canales oficiales, sino desde la cuenta personal de su padre. Pero más grave aún es la óptica del poder: un ciudadano, por más papá que sea, dictando la narrativa, interrumpiendo, y prácticamente gestionando la crisis en lugar de la edil.
El titular de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, hizo lo que el protocolo dicta: llamar a la autoridad municipal para exigir intervención y diálogo, reconociendo como única autoridad a Guadalupe Martínez, quien solo atinó a declararse ajena al conflicto. ¿Cómo puede una autoridad desconocer que le cerraron la autopista en sus narices, en su propio territorio?
El clímax del absurdo llegó cuando El Toñín tomó la batuta para calificar a la autoridad estatal con al menos una palabrota y defender a la alcaldesa bajo el argumento de que ella era “incompetente para resolver eso”.
Finalmente, el comunicado de la Segob fue un golpe seco a esta dualidad: "Desconocemos si los destinos de Quecholac los lleva otra persona ajena a la autoridad municipal". Una frase que resume simple y llanamente lo que es la ley.
Se equivocan quienes intentan escudar la falta de oficio político bajo la bandera de la violencia de género o la "amenaza" por el tono de voz de un secretario. El servicio público es de piel dura. Exigir resultados a una funcionaria no es violencia, es rendición de cuentas.
Y si lo reflexionamos, quien verdaderamente violentó a la mujer en cuestión, fue justo este personaje: su progenitor; no nos equivoquemos. Está bien que los padres aconsejen. Está bien que la familia apoye. Pero el fuero es el fuero. La silla municipal es unipersonal e intransferible.
En Quecholac, urge definir si se gobierna desde el ayuntamiento o desde el perfil de Facebook de un personaje bastante cuestionado.
