Una de las fortalezas de nuestro sistema democrático está centrada en la fiscalización en los procesos electorales, porque los participantes en la lucha electoral son entidades del máximo interés del Estado, quienes reciben recursos públicos.
El financiamiento que recibieron los partidos políticos, permite la construcción de la equidad en los procesos electorales. Por ello el INE, entre sus atribuciones, tiene la facultad de revisar el origen, monto, destino y aplicación de tales recursos, para comprobar que sean utilizados de manera correcta y conforme a lo establecido por la normatividad, a lo que se denomina fiscalización. En términos de lo establecido en el Artículo 41 de la Constitución, los partidos políticos y candidatos independientes reciben una prerrogativa económica, o financiamiento público. Asimismo, en términos del Artículo 53 de la Ley General de Partidos Políticos, estos reciben financiamiento privado bajo la modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes, autofinanciamiento, incluso rendimientos financieros fondos y fideicomisos. Por esta dualidad de las entidades de interés público, el Estado Mexicano vigila su manejo correcto, preservación y existencia. De ahí la importancia de la fiscalización en los procesos electorales. Que los participantes de los procesos electorales reciban un financiamiento mixto (público y privado), refuerza la necesidad de fiscalizar no sólo el destino de los recursos sino su mismo origen.
Esta fiscalización permite preservar la confianza ciudadana, y de alguna manera garantizar que no existen intereses específicos que patrocinen, impongan o creen parcialidad en el desempeño del proceso electoral, una aspiración legítima, pero de facto difícil de lograr.
Derivado de la revisión de informes y gastos de campaña, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE detectó mil 453 faltas o conductas irregulares.
Con base en estas y otras faltas, el pleno determinó sancionar a los partidos políticos y candidaturas independientes por un monto global de 70.5 millones de pesos. Para el caso específico de Hidalgo, las sanciones fueron de un monto de 12 millones 711 mil 274.43 pesos.
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