La formación de una ciudadanía democrática implica una mirada abierta e integral sobre el fenómeno educativo y el papel que debe jugar la escuela en ello. Hasta ahora, en el caso de México, parece que la escuela se ha constituido en un espacio meramente de trasmisión de conocimientos, determinado por reformas educativas que poco consideran la realidad contextual que se vive, y más aún, no consideran al maestro como un sujeto profesional que reflexiona y actúa sobre su trabajo cotidiano. Lejos de percibir al docente como un intelectual, las reformas educativas lo han considerado como ejecutores y técnicos encargados de la aplicación de normas y estrategias pensadas por otras personas ajenas a la realidad escolar.
Aún cuando el clima político parece no favorecer a los docentes en estos tiempos, es necesario generar espacios de colectividad para repensar el trabajo docente. Analizar las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales del entorno escolar es un punto de partida para construir el proyecto de escuela. Un proyecto con claridad de posicionamiento político que a su vez de claridad sobre la responsabilidad que tenemos los profesores en la formación de nuestros estudiantes como ciudadanos críticos y participativos. Esta idea debe animar a defender la escuela pública como una institución que contribuye al desarrollo democrático y a defender a los maestros como intelectuales que transforman su práctica.
La racionalidad instrumental que caracteriza la lógica de acciones y estrategias de la actual reforma educativa, se constituye en una amenaza visible para la escuela pública, en tanto que uno de los puntos centrales es la formación de los maestros y la pedagogía que desarrollan en las aulas. Al respecto de este tipo de reformas instrumentales Giroux (1990) menciona “El actual énfasis en los factores instrumentales y pragmáticos de la vida escolar se basa esencialmente en una serie de importantes postulados pedagógicos. Entre ellos hay que incluir: la llamada a separar la concepción de la ejecución; la estandarización del conocimiento escolar con vistas a una mejor gestión y control del mismo; y la devaluación del trabajo crítico e intelectual por parte de profesores y estudiantes en razón de la primacía de las consideraciones prácticas.”
La formación de una ciudadanía crítica, requiere de profesores intelectuales y transformadores de su realidad. El desarrollo de pensamiento, de un pensamiento crítico, en los maestros, permite que tengan claridad respecto de los intereses ideológicos y políticos que estructuran el currículum oficial y cómo este determina las relaciones pedagógicas en el aula. Tendrán la claridad suficiente para advertir que su trabajo pedagógico finalmente es político y que “hacer lo pedagógico más político significa insertar la instrucción escolar directamente en la esfera política, al demostrarse que dicha instrucción representa una lucha para determinar lo dignificado y al mismo tiempo una lucha en torno a las relaciones de poder. Dentro de esta perspectiva, la reflexión y la acción críticas se convierten en parte de un proyecto social fundamental para ayudar a los estudiantes a desarrollar una fe profunda y duradera en la lucha para superar las injusticias económicas, políticas y sociales para humanizarse más a fondo ellos mismo como parte de esa lucha” (Giroux, 1990).
Lo anterior implica el reconocimiento de que nuestra educación ha carecido de condiciones democráticas para su desarrollo en ese sentido y por consiguiente para transformar realidades. Necesitamos transformar nuestra práctica educativa y esforzarnos por desarrollar nuestro pensamiento. Repensar nuestro papel como maestros nos permitiría por lo menos dos cuestiones. Una, constituirnos como sujetos colectivos para “hacer escuela”, es decir, tener un proyecto integral de escuela en lo pedagógico, político e ideológico pertinente a las necesidades sociales de nuestros estudiantes. Dos, crear las condiciones pedagógicas para que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de convertirse en ciudadanos con pensamiento, conocimiento y valores para enfrentar la injusticia y la desesperanza social. En estas dos cuestiones, radica la esencia de una formación de ciudadanía democrática, una lucha por la que vale la pena comprometerse.
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