No es la primera vez y si no pasa nada, tampoco será la última.
La historia de Alejandra Galeazzi vuelve a cuestionar si la justicia en Puebla es igual para todos o depende de quién esté sentado en el banquillo.
Alejandra murió en 2018. La versión inicial hablaba de una caída, pero con el paso del tiempo, las lesiones dijeron otra cosa. Se trató de un feminicidio, de acuerdo con lo que sostienen las investigaciones y la familia. Desde entonces, el caso ha transitado por un camino que no debería ser normal.
El principal acusado, su entonces esposo, estuvo prófugo durante cinco años y cuando finalmente fue detenido, lo que parecía el inicio de la justicia se convirtió en un proceso plagado de decisiones cuestionables.
Primero, el intento de cambiar la medida cautelar, luego, el argumento de problemas de salud, después, el beneficio de una pulsera electrónica en un delito de alto impacto. Y ahora un nuevo capítulo, donde la defensa de Jorge Mario N. se desiste de sus propias pruebas en la etapa final del juicio.
Se trata de una jugada de alto riesgo pero de alta precisión. Porque lo que podría venir es una figura conocida en los pasillos judiciales como la insuficiencia probatoria. Traducido al lenguaje ciudadano, significa que las pruebas no alcancen y el acusado quede en libertad. Así, sin más.
La audiencia clave está programada y el temor de los abogados es que la sentencia se dicte de inmediato. Que el desenlace llegue rápido. Demasiado rápido para un caso que lleva casi ocho años. Y por cierto, en medio de un periodo vacacional.
Pero hay otro elemento que no pasa desapercibido ya que el juez que lleva el caso no es un desconocido en polémicas similares. Ya ha sido señalado antes por la forma en que conduce procesos de alto perfil como el caso de Cecilia Monzón.
Mientras tanto, la familia sigue resistiendo, litigando y esperando.
Y si esto ocurre en un caso visible, mediático y acompañado, ¿qué pasa con los que no tienen reflectores, no tienen recursos o los que se cansan a mitad del camino?
La justicia no solo se mide en sentencias sino se mide en confianza.
Y cuando esa confianza se rompe, lo que queda no es solo impunidad sino la certeza de que el sistema puede fallar y que, a veces, falla siempre para los mismos.
