La relación entre el Ejecutivo y el Judicial es tan crucial en la democracia como soslayada en la ciencia política. Quizá el soslayo nació con la teoría de la separación de poderes de Locke —a menudo se olvida que escribió su Second Treatise of Government antes de que naciera Montesquieu—, que concibió una división binaria entre pensamiento y acción —legislar y ejecutar— en la que juzgar era una etérea labor de los ejecutores. Lo cierto es que muchos politólogos ven al poder judicial como un compartimento estanco, un territorio arcano cuya exploración está reservada a los juristas.
Con todo, la judicatura ejerce poder, y sus interacciones con el ejecutivo han de ser objeto de escrutinio democrático. Uno de los reflejos de la inexistencia o de la precariedad de la democracia mexicana, de hecho, es el control que históricamente ha tenido el presidente de México sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya tarea se suele confundir precisamente por la lejanía con que la política mira a los juzgadores: no es ni apoyar ni oponerse a la Presidencia, es observar la cosa pública desde otra perspectiva y juzgar con criterio propio.
El espíritu de la norma constitucional es evitar la concentración del poder. “No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación”, dice el artículo 49 en referencia al Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. En el fondo del precepto está la idea liberal de la pluralidad virtuosa, antídoto contra el efecto corruptor de la unicidad que propicia la autocracia. La SCJN no debe hacer lo que le diga el jefe de Estado y de gobierno —cuyo poder es de por sí expansivo— ni por mimetización ni por ninguna otra forma de sometimiento. Es la subjetividad de los ministros y no la del presidente de la República la que debe guiarlos en el ejercicio de sus funciones: su formación, su exégesis de la Constitución y, sí, también su interpretación de la realidad política de México. Pueden atender consideraciones de gobernabilidad y escuchar razones de Palacio Nacional, como escuchan a los actores involucrados en los casos que atienden, pero jamás deben aceptar que desde ahí se le imponga una forma de pensar.
Según López Obrador es obligación de la SCJN, como de todas las instituciones y de todos los mexicanos patriotas, respaldar a la 4T. Pero por más que él lo crea verdad absoluta, el suyo es un proyecto partidista tan válido como cualquier otro que en el futuro cuente con el voto de la mayoría. La exigencia de AMLO equivale a hacer a los integrantes de la SCJN militantes de su partido, y si ellos aceptaran esa lógica presidencial —que con mayor o menor intensidad se repite cada seis años— reducirían su papel al de una veleta irrelevante, un apéndice de la Presidencia de la República incapaz de contener sus excesos o enmendar sus errores. En efecto, eso quiere AMLO: una ministra presidenta dócil, que se ponga de pie ante él y se gane su lugar en el presídium a base de obediencia, como sus demás subordinados.
El Poder Judicial debe ser inmune al virus de la hegemonía y del pensamiento único. Debe ser político, no politiquero, honesto, no sumiso; es decir, fiel a sí mismo, no al Ejecutivo. Su sello no debe ser la identidad sino la otredad, de la cual nace todo equilibrio democrático.
Agustín Basave Benítez@abasave
