Hace pocos días, el 14 de marzo para ser mas precisos, el Senado de la República, aprobó un paquete de reformas a la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado "A" del artículo 123 de la Constitución, para establecer como obligación a las empresas que tengan una planta de al menos 20 trabajadores, a que le den trabajo a adultos mayores de 60 años y que representen al menos el 5% de la planta de trabajadores de la empresa.
De un momento a otro se habrá de aprobar esta justa y necesaria reforma a la ley (quizá a la aparición de este artículo ya haya sido aprobada la reforma por la Cámara de Diputados).
Es justa y necesaria, porque las personas mayores de sesenta años han sido discriminadas en forma indebida por quienes se encargan de reclutar y contratar personal por sus condiciones de vejez.
La reforma se empata con los derechos consagrados a favor de la población mayor, y que se encuentran en la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, e incluso con una ley especialmente aprobada en nuestro país, en favor de este grupo de personas que representan una buena parte de la población.
Nada que ver con los sistemas clientelares establecidos por el gobierno federal para otorgar pensiones o ayudas económicas a dichos adultos, porque no fomentan el empleo; son sólo ayudas que por supuesto no son despreciables pero tampoco ofrecen una solución a los gravísimos problemas que enfrentan los mayores de 60 años para subsistir y más porque nadie les quiere dar trabajo "por viejos". Por lo pronto, los mayores de 68 años, reciben ayuda económica del Gobierno a través del Banco del Bienestar, conforme a la reforma que se produjo en el año 2020 al artículo 4 constitucional y su ley específica, pero hasta ahí, no se habla nada de contratación, solo ayuda económica.
En las grandes corporaciones internacionales, se le da preferencia a la contratación de este grupo poblacional como consejeros o asesores por algo absolutamente invaluable que es la experiencia. Aquí en México no es así; mientras mas nos volvemos adultos, mas parece que estorbáramos.
En México casi somos 20 millones de adultos mayores y se tienen datos de que solo el 20% de ese universo se encuentra laborando y la mayor parte en la economía informal, sin tener los derechos fundamentales como el IMSS, el INFONAVIT o el SAR.
Modificar las leyes es necesario, para dar ocupación legal a quienes por haber llegado a ese decil de la población en la que se vielve marginada, abandonada, y reducida a permanecer en la sala de espera a la llegada de la muerte, lo que es inadmisible en un tiempo en que los derechos humanos son prioridad por donde quiera que se le vea.
Cuando hojeamos el periódico buscando trabajo, con profunda tristeza y decepción, vemos el reiterado anuncio: "Se solicita empleado. Requisitos: Identificación oficial, constancia de domicilio, carta de policía, carta de buena conducta, y no mayores de 35 años". Ofrecen prestaciones superiores a las de la ley, sí, pero para un segmento reducido de la población. Cuando es bien sabido que a partir de esa edad (35 años) se alcanza la madurez intelectual. ¿Y los que han llegado a los sesenta años? Se acabó su vida productiva, abandonan el segmento de la población económicamente activa. A sentarse en la sala de espera de la muerte.
Ya no será así; con esta reforma legal, repito, justa y necesaria, se reivindica un derecho natural del ser humano de tener un trabajo digno y que no puede ser rechazado por razones de su edad. Por fortuna se ha dado el primer paso.
Este tipo de modificaciones a la ley son mas que bienvenidas y solo falta que efectivamente se cumplan para no regatear el aplauso a quienes las promulgaron. Lo hemos sostenido a través de los años en el ejercicio periodístico: se aplaude lo plausible y se critica lo que es criticable.
Por lo pronto, aplausos y estrellita en la frente.
