La Corte Suprema de Estados Unidos echó gasolina a las ya feroces guerras culturales estadunidenses. La semana pasada, cinco jueces se negaron a bloquear un estatuto de Texas que prohíbe el aborto después de solo seis semanas, un momento en el que las mujeres apenas se dan cuenta de que están embarazadas.
Esta ley nociva no solamente es una de las más estrictas de la nación, sino que también promueve el vigilantismo en un tema que ya saca lo peor de los estadunidenses. Permite a los particulares demandar a cualquiera que realice un aborto o “ayude y sea cómplice”. Esto podría ser un conductor de Lyft que lleva a un paciente a una clínica, un padre que paga por un aborto, así como los médicos y el personal de la clínica.
Los jueces conservadores no dictaminaron sobre la constitucionalidad de la ley. Más bien, consideraron que los servicios de aborto que impugnaron la ley no presentaron un caso para que se diera una suspensión de emergencia a la luz de las cuestiones legales “nuevas y complejas” que presenta.
Sin embargo, la decisión es una escalada dramática de la campaña para deshacer el Roe versus Wade, la decisión de 1973 que legalizó el aborto a nivel nacional. La juez liberal Sonia Sotomayor calificó como un fracaso “sorprendente” para bloquear “una ley flagrantemente inconstitucional” en EU.
El Dato...54%
De los estadunidenses cree que el aborto debe ser legal en todo momento o la mayoría de las veces
La naturaleza radical del fallo se subraya con el hecho de que el presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts, un conservador, se unió a los tres liberales en desacuerdo. No hubo audiencia y no hubo opinión del tribunal inferior. Los jueces utilizan este tipo de decisión rápida en el “shadow docket” (expediente sombra) con demasiada frecuencia para tratar temas que deberían ser considerados cuidadosamente.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó con razón el estatuto y prometió proteger el derecho al aborto, que sigue siendo la ley en el país. El gobierno federal debe intervenir, sobre todo si el ejército de cazarrecompensas ciudadano de Texas trata de interferir con el comercio interestatal e impide que las mujeres viajen a clínicas fuera del estado.
Lo que está en juego va más allá de un estatuto. Quince estados han aprobado leyes que prohíben el aborto por completo o entre las seis y 12 semanas de embarzo, en aparente conflicto con las normas que se establecieron con Roe.
Desde hace décadas, los legisladores de derecha han propuesto restricciones más estrictas en el procedimiento. Pero la gran mayoría han sido bloqueadas en tribunales para que tengan efecto. Incluso jueces que personalmente están contra el aborto mantuvieron el status quo debido a que les preocupaba el precedente legal y la legitimidad de la Corte Suprema.
Pero el nombramiento por parte del expresidente Donald Trump de tres conservadores cambió el equilibrio de poder y esa era de moderación parece que llegó a su fin. El verdadero impacto podría quedar claro cuando el tribunal escuche una impugnación a la prohibición del aborto en Mississippi en el periodo que comienza el próximo mes.
Cuando surja ese caso, los jueces deben de tener en cuenta que la supervivencia de la Corte Suprema al final depende de la aceptación pública. En cuanto al aborto, las opiniones están cambiando en contra de la derecha: 54 por ciento de los estadunidenses ahora cree que el aborto debe ser legal en todo momento o la mayoría de las veces, mientras que 42 por ciento cree que debería ser en gran medida ilegal. En 2003, la relación era casi la opuesta.
Si la Suprema Corte sigue adelante con la revocación de Roe, eso no volvería ilegal el aborto. En su lugar, entregaría el control a los estados, desatando décadas de debates que aumentarán las divisiones. Un resultado de ese tipo también encarecería a los estadunidenses liberales. Sin embargo, sus amenazas con poner fin al obstruccionismo en el Senado para facilitar la aprobación de leyes federales sobre el derecho al aborto o ampliar el tamaño de la Corte Suprema para diluir la mayoría conservadora también están equivocadas.
Ambas partes involucradas deberían querer evitar una batalla legal que sacudió a Estados Unidos hasta sus cimientos constitucionales.
srgs
