El gobierno federal de Estados Unidos ha emprendido una verdadera batalla legal en contra de “ciudades santuario”, que es donde la población migrante suele sentirse más protegida frente a detenciones y deportaciones. Ahí, justamente, las autoridades locales no colaboran de manera directa con las agencias federales de inmigración.
Una revisión de MILENIO en cortes federales revela que las fiscalías estadunidenses han emprendido 11 procesos judiciales para ejercer presión en contra de megaciudades como Los Ángeles, Nueva York y Chicago, que concentran el mayor número de migrantes.
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En los documentos judiciales puede leerse que, en los últimos meses, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho acusaciones extremas con el objetivo de intentar convencer a los jueces de que ordenen a las autoridades locales colaborar con las agencias migratorias federales en los operativos migratorios.
“Esta política de protección ha generado que inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales eviten la custodia federal, lo que pone en riesgo la seguridad pública”, argumenta una de las demandas revisadas.
En los alegatos hay varios casos. Uno es el ocurrido el 19 de julio de 2025, a las 23:51 de la noche en Fort Washington Park, en Manhattan, cuando un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que estaba fuera de servicio fue emboscado mientras paseaba por el parque. Dos hombres en una moto se le acercaron; uno de ellos sacó un arma y abrió fuego. El oficial respondió de inmediato y ambos resultaron heridos.
Según la narrativa del gobierno, intentaron robar al oficial, disparándole en la cara y en la pierna.
“Ambos extranjeros ingresaron ilegalmente (sic) a los Estados Unidos y desde entonces fueron arrestados repetidamente por conducta delictiva”.
Este episodio se convirtió en pieza central de la demanda federal presentada días después contra la ciudad de Nueva York, con el argumento de que las políticas santuario permitieron que personas con antecedentes criminales permanecieran en libertad y pusieran en riesgo la seguridad pública.
La policía y otras dependencias municipales de una ciudad santuario no están obligadas a destinar sus recursos económicos ni a compartir información para apoyar procesos de detención o deportación.
Las demandas buscan que un juez declare inválidas tales leyes locales y ordene su suspensión inmediata.
Las primeras batallas
Una de las primeras acciones legales contra una de estas ciudades que entabló la administración de Donald Trump fue la del 24 de abril de 2025, cuando el Departamento de Justicia se lanzó en contra de Rochester, una urbe que colinda con el lago Ontario, en el estado de Nueva York.
En la demanda puede leerse que los fiscales federales están enojados, pues desde el 27 de mayo del ya lejano 1986, Rochester se declaró santuario al aprobar la Resolución 86‑29.
Esta resolución reconoció el esfuerzo de las comunidades religiosas locales para ofrecer refugio a personas que huían de la persecución, estableciendo que la ciudad no cooperaría activamente en la deportación de refugiados o en la aplicación de leyes federales de inmigración en ciertos contextos.
El gobierno federal no se anduvo por las ramas y asegura que con ello se impide el trabajo de los agentes migratorios y esto contrae consecuencias.
Y entre sus argumentos, citó un caso que ocurrió el 24 de marzo de 2025, cuando la policía local de Rochester acudió en apoyo de agentes federales durante un operativo migratorio. “Para la mayoría de los estadunidenses esto representaría un acto normal de cooperación, pero para los líderes locales (la policía) violó las disposiciones santuario de la ciudad”.
Acusaron al alcalde de Rochester, Malik Evans, de criticar públicamente a los agentes por actuar sin apego a la política local, misma que prohíbe colaborar con autoridades migratorias, lo cual no es nuevo, sino que se remonta a décadas atrás.
Hoy el caso se encuentra activo y el 10 de septiembre el gobierno deberá aportar más elementos en contra de la ciudad.
Unas semanas después, el 22 de mayo de este año, el Departamento de Justicia presentaría otra demanda en contra de Newark, Jersey City, Paterson y Hoboken, todas ciudades del estado de Nueva Jersey.
En esta demanda el gobierno de Trump argumentó que todas habían bloqueado de manera sistemática el trabajo del Servicio de Inmigración (ICE), al negar acceso a personas bajo custodia local y prohibir que los funcionarios compartan información crucial con las autoridades federales.
En esta ofensiva legal, la Casa Blanca recordó el caso de Laken Riley, una estudiante de enfermería estadunidense de 22 años que fue asesinada el 22 de febrero de 2024, mientras trotaba en la Universidad de Georgia, ubicada en la localidad de Athens. Este caso ha sido constantemente utilizado por el gobierno republicano ya que más tarde se sabría que quien cometió el crimen fue un hombre llamado José Ibarra, migrante indocumentado venezolano de 26 años.
En esta demanda donde se agrupan varias ciudades santuarios de Nueva Jersey la próxima audiencia está programada para el 18 de agosto de 2025 ante el juez del Distrito de Nueva Jersey, André M. Espinosa.
Un caso más se sumó en mayo, cuando los perseguidores enviados por Trump se fueron en contra de Denver, en Colorado, considerada una ciudad santuario.
En esta acusación el gobierno federal acusa a las autoridades locales de permitir que miembros del grupo criminal Tren de Aragua tomaran el control de complejos de apartamentos en el condado de Aurora, un hecho que, según la acusación, refleja el impacto directo de las políticas santuario en esa región.
La audiencia de este caso está programada para el 16 de octubre de 2025 a las 09:30 horas, ante la jueza magistrada Kathryn A. Starnella.
La lucha por Los Ángeles
Sin duda la joya de la corona para el gobierno del republicano Trump es la demanda en contra de la ciudad de Los Ángeles, donde el 6 de junio agentes federales irrumpieron en tres operativos simultáneos: uno en el Distrito de la Moda de L.A., otro en un centro mayorista de ropa y el tercer sitio en un Home Depot de Westlake.
Más de 100 personas fueron detenidas y se generó un descontento social de proporciones importantes.
Según el expediente judicial, pocos días después de que Trump ganara las elecciones del 5 de noviembre de 2024, el Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó una ordenanza que reiteraba sus políticas de ciudad santuario.
La medida, titulada Prohibición del uso de recursos de la ciudad para la aplicación de la ley federal de inmigración, fue firmada por la alcaldesa Karen Bass el 9 de diciembre de ese año.
En los archivos de la demanda se citan declaraciones del concejal Hugo Soto Martínez, quien aseguró: “Nos negamos a quedarnos de brazos cruzados y permitir que Donald Trump deporte [a inmigrantes irregulares]”.
En la demanda sostienen que la negativa de Los Ángeles a cooperar derivó en un escenario de violencia el 6 de junio de 2025, durante un operativo de ICE para arrestar a inmigrantes con antecedentes criminales, lo que trajo como consecuencia saqueos, disturbios y ataques con piedras y cocteles molotov contra agentes federales.
“La situación escaló tanto, que el gobierno federal desplegó a la Guardia Nacional de California y a los Marines para contener el caos”, citan en la demanda. El caso quedó en manos de la jueza Jacqueline Chooljian y sigue activo.
Y van contra la Gran Manzana
Una de las últimas demandas que interpuso el gobierno en contra de una ciudad santuario sería la del 24 de julio del año 2025, cuando demandaron a la Ciudad de Nueva York.
La demanda inicia con una frase que marca el tono del litigio: “¿Cuántas vidas más se necesitarán, cuántas más personas deben ser heridas y victimizadas antes de que la seguridad pública sea la prioridad número uno en algunas de nuestras ciudades más grandes?”. La cita pertenece a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, una de las figuras más cercanas a Trump y que ha defendido con fuerza su política antinmigrante.
En la demanda se recuerda que Nueva York se ha asumido como ciudad santuario desde 1989, y su política de desafiar las leyes migratorias federales se ha ido consolidando a lo largo de los años.
Recuerda que desde el 13 de mayo de 2003, el entonces alcalde Michael Bloomberg instauró la política conocida como “no preguntar”, que prohibía a los funcionarios y empleados de la ciudad indagar sobre el estatus migratorio de las personas, salvo en circunstancias muy específicas.
El documento de la administración Trump recordó en ese sentido el caso de Daniel Davon Bonilla, un migrante de Nicaragua de 24 años que, según documentos federales, fue acusado el verano de 2024 de una brutal violación a punta de cuchillo en la zona de Coney Island.
Antes de ese ataque, ya enfrentaba cargos por haber presuntamente violado a una mujer transgénero en un refugio para migrantes en Gowanus, Brooklyn, además de múltiples acusaciones que incluían acto sexual criminal, abuso sexual, contacto forzado, conducta sexual indebida y retención ilegal calificada como crimen de odio.
Se afirma que aunque ICE había emitido una orden de detención, las autoridades locales neoyorquinas no la ejecutaron ni avisaron a la agencia de inmigración; así, lo liberaron sin realizar la notificación correspondiente. La demanda sostiene que, de no haber sido una ciudad santuario, tal vez esto no hubiera ocurrido.
El gobierno federal sostiene que el impacto de estas disposiciones ha sido profundo y pone en riesgo incluso a los propios agentes migratorios. La acusación federal señala que Nueva York “discrimina al gobierno federal” al negarse a cooperar. La próxima audiencia para dirimir si procede o no la cooperación de la ciudad con Trump, está programada para el 13 de noviembre de este año.
La Décima Enmienda: primer revés para Trump
El 25 de julio de este año, un tribunal federal en Illinois desechó la onceava demanda que el gobierno de Donald Trump había presentado contra de este estado y la ciudad de Chicago, debido a sus políticas santuario.
La administración buscaba invalidar leyes locales como el Illinois Trust Act y la Welcoming City Ordinance, argumentando que interfieren con los operativos migratorios federales. La jueza Lindsay C. Jenkins determinó que el gobierno carecía de base para obligar a las autoridades locales a colaborar y dijo que esta imposición violaría la Décima Enmienda, que protege la autonomía de los estados frente al poder federal.
La decisión marca el primer gran tropiezo legal para Trump en su ofensiva contra las ciudades santuario y abre un precedente que podría impactar el resto de las demandas en curso contra Nueva York, Los Ángeles, Denver y varias ciudades de Nueva Jersey.
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