El reloj en la pared es una especie de chicote moderno en algunos invernaderos de este poblado de la provincia de Ontario, en el área central de Canadá que comparte frontera con entidades vecinas como Minnesota, Wisconsin, Michigan o Nueva York.
Frente al reloj, campesinos mexicanos lo miran con recelo mientras cortan tomates: saben que es su delator, el que les dice: “Miren ¡qué lentos!, ¡qué torpes!”, el que provoca el grito de los supervisores:
“Mejor vete a descansar a la casa… sin pago, obvio”.
Los castigados se encogen de hombros. Acatan la orden con la sensación de injusticia y postergan anhelos, de construir su casa o de pagar los estudios de sus hijos, las quimioterapias de la esposa, los medicamentos de la madre; de cubrir las deudas para llegar a Canadá como trabajadores temporales.
“La verdad es que a veces nos tratan como a animales”, resume en entrevista con MILENIO uno de ellos.
Es la víspera de la revisión de dos de los acuerdos más importantes entre su país y la nación que los emplea como extranjeros: el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), el próximo mes de noviembre; y el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), en 2026.
Y muchos, por no decir todos los jornaleros, están atentos a las resoluciones que ahí se tomen.
Permisos para miles de trabajadores
La importancia de aquel programa y del Tratado no es cualquier cosa: desde que se firmó el PTAT, en 1974, han sido contratados más de medio millón de personas (522 mil) desde México para las granjas agrícolas canadienses, según cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación y el gobierno canadiense.
El PTAT es un programa intergubernamental exclusivamente para perfiles campesinos pero, a partir del 2015, empezó a popularizarse el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (PTET) que controlan particulares y que ha llevado a otros 66 mil mexicanos entre polémicas.
En total, ambos programas desde su activación suman casi 600 mil trabajadores en un vaivén claroscuro: mientras las autoridades presumen que el acuerdo de movilidad es de lo más “exitoso”, quienes viven el día a día dicen que las cosas no son como les prometieron cuando los reclutaron en sus pueblos.
“Pueden hacer con uno lo que quieran”, denuncia un jornalero que ha tomado la palabra en las oficinas de la Sindicato Unido de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio (UFCW, por sus siglas en inglés) en este poblado de la provincia de Ontario, ubicado a 344 kilómetros de Toronto.
A los procedentes tanto de PTAT como PTET, los une el deseo de mejorar las condiciones del trabajo, reconociendo las bondades de los sueldos de hasta 150 dólares canadienses (unos mil 800 pesos mexicanos) por nueve horas al día, aunque varía según la empresa.
Trabajar bajo cero y sin indemnización
El poblano Jorge Enrique de la Rosa dice que gracias a su trabajo donde la temperatura puede alcanzar los 40 grados centígrados bajo cero, está construyendo su casa, tiene una camioneta, una motocicleta y algunos terrenos que no hubiera logrado de otra forma. Pero repite: “es difícil”.
Los trabajadores temporales podrán desconocer sus derechos, pero saben que no es normal que les rompan los nervios con un reloj o que los amontonen en viviendas con hasta 25 personas, ocho por habitación, donde a veces hay chinches, cucarachas, ratas…
Reconocen el maltrato cuando les echan encima pesticidas en medio de la cosecha; cuando no les pagan el hospital cuando hay accidentes laborales, un dedo arrancado, un ojo perdido, una pierna magullada; cuando los regresan a México sin indemnización.
En la sede de la UFCW, escuchan que el Estado canadiense debería dejarles cobrar el seguro de desempleo que les descuenta mes por mes; o emigrar, si así lo desean, después de trabajar por décadas aquí.
A esa lista de agravios que no encuentran cauce en el municipio de Leamington, Ontario, ni en otras provincias, destaca uno más, quizás el más grave y menos evidente, que cobra fuerza en voz de Pablo Godoy, director del UFCW, presente en la reunión:
“Nunca invitan a los trabajadores a las reuniones donde se revisan los programas que requieren mano de obra mexicana para la agricultura”, dice.
“¡Queremos ser parte!”, exigen los jornaleros.
Leamington: el pequeño México en Canadá
A pesar de la superficie de apenas 260 kilómetros cuadrados y 30 mil habitantes, Leamington concentra más del 60 por ciento de los invernaderos de Ontario que superan, con 800 hectáreas bajo techo, a toda la industria de invernaderos de Estados Unidos, tal y como lo canta en su página oficial.
Aquí se cosechan manzanas, duraznos, uvas, muchos tomates, pepinos, pimientos y hasta cannabis con mano de obra extranjera, principalmente mexicana, que suele tomar las calles. El UFCW calcula que anualmente circulan en este poblado unos 8 mil trabajadores temporales, de los cuales, un 80 por ciento son mexicanos.
Rostros morenos frente a las iglesias y hospitales; en los centros de baile donde se escucha banda; en los restaurantes de tacos y birria; delante del gigantesco monumento al tomate; en el ríos donde van a pescar o en el lago donde juegan voleibol y basquetbol.
“Se hace un buen ambiente porque todos hablan español y hasta los chinos, filipinos, coreanos, jamaiquinos, intentan hablarlo, ¡cómo les gustan las groserías!”, dice Jorge Soto, oriundo de Huatulco, Oaxaca, inmerso en una dinámica donde la mayoría son hombres, como testifican las estadísticas migratorias: 97 por ciento varones y 3 por ciento, mujeres.
Cuando las bajas temperaturas aprietan, los trabajadores se quedan en casa o van donde el UFCW a tomar clases de inglés o conocer sobre sus derechos aunque no puedan sindicalizarse.
A diferencia de Columbia Británica, Quebec y Manitoba, donde el UFCW cuenta con cuatro mil trabajadores temporales mexicanos agremiados –se permite a los trabajadores agrícolas formar sindicatos solo con el 55 por ciento del personal–, en Ontario eso se les prohíbe a los trabajadores del campo a pesar de estar incluido en la Constitución.
Una política regional con dedicatoria, si se echa un vistazo a las cifras: el 46 por ciento de los migrantes temporales van hacia esta provincia. Otro 44 por ciento de estos se divide proporcionalmente entre Quebec y Columbia.
Las provincias de Manitoba, Saskatchewan y Alberta requieren un siete por ciento y el restante tres por ciento se ocupan en Nueva Brunswick, Nueva Escocia e Isla Príncipe Eduardo.
Santiago Escobar, representante nacional del sindicato UFCW, resume así el veto:
“Los trabajadores dependen del empleador que les toque”.
Y este puede ser un patrón muy bueno, uno que los trate con amabilidad, cálido y justo; pero los hay malos hasta el punto de rocíar plaguicidas a los cultivos mientras los trabajadores están dentro del invernadero o en el campo.
José Robles, un trabajador del Estado de México cuyo nombre fue cambiado para evitar su despido en represalia –como suele ocurrir cuando hay quejas–, cuenta que esta salvajada es común. Debido al insecticida “nos quedan dolores de cabeza por meses”.
Después de aplicar el pesticida, los trabajadores deberían esperar de 12 a 48 horas para tener contacto con la zona, porque muchos de esos productos son cancerígenos para los humanos. Sin embargo, esto no se cumple ni en Leamington ni en otros lares.
“Hay trabajadores cosechando tomates, pepinillos o chiles mientras se fumiga, lo que equivale a trabajar dentro de una cámara de gases venenosos”, dice el activista Escobar.
“UFCW demandó al gobierno federal y al Ministerio de Salud canadiense por no exigir a los productores de pesticidas que entreguen información sobre los productos que distribuyen”.
Cada quien sus gastos
El tema de la salud es delicado. En teoría, la cobertura médica es provincial y los trabajadores temporales tienen derecho a los servicios públicos pero muchos empleadores no hacen el trámite para registrarlos y, cuando enferman, se enfrentan con facturas de 600 y 700 dólares por la atención de emergencia más los gastos que se agreguen.
Hace poco un trabajador de Chilapa, Guerrero, sufrió una lesión en el ojo con una rama; el supervisor le dijo que no era grave y lo obligaron a seguir trabajando. Luego fue al hospital y le dieron descanso, pero la empresa no le pagó esos días ni lo volvió a contratar. Quedó en la ruina.
En provincias como Ontario –donde reside Ottawa, la capital política del país–, los contratados no tienen derecho a conocer los riesgos de su trabajo ni a negarse a tareas peligrosas y si sufren un accidente, en muchos casos no hay compensación.
Hace cuatro años, un grupo de jornaleros quedaron atrapados en una casa cuando se aproximaba un tornado. Sonaron las alarmas durante dos horas y ellos no tenían más que el miedo a morir y su fe en sobrevivir porque no había un lugar seguro para refugiarse, no tenía sótano. Finalmente el tornado no llegó pero el sinsabor de la vulnerabilidad permanece.
Contratantes privados: la sartén por el mango
Para la temporada del PTAT 2025, el gobierno canadiense publicó 23 cláusulas que buscan mejorar las condiciones de salud, vivienda y salarios. Ordena a los empleadores, por ejemplo, dar servicio de lavadoras en casa o darles dinero para que limpien su ropa. A veces los empleados se las tienen que apañar por su cuenta, a cubetadas entre la nieve.
Los arreglos se tomaron a bien, pero con muchas dudas. Los jornaleros dicen que el problema central es hacer cumplir esas leyes. Pablo Godoy, agrega que ni Canadá ni en México cuentan con herramientas efectivas para satisfacer la ley sistemáticamente.
“No hay un mecanismo binacional de inspección que verifique las condiciones en los lugares de trabajo. Los consulados pueden llamar o interceder, pero carecen de poder para sancionar”.
Además, con el PTET en manos de particulares, dice, hay un terreno fértil para la explotación: cobran entre cinco mil y 20 mil dólares a trabajadores que buscan un puesto. O les pagan apenas 200 o 300 dólares semanales a quienes reclutan cuando deberían ganar entre 800 y 900. Los controlan, no los dejan salir, los trasladan de un lugar a otro; son prácticamente esclavos.
Los jornaleros mexicanos suelen “agacharse” por necesidad y porque se sienten desprotegidos, principalmente con el PTET, donde no existen normas claras sobre quién puede reclutar ni límites a los cobros.
“Si alguna agencia es sancionada, simplemente cambia de nombre o cierran una empresa y abren otra”, destaca Godoy.
“Es un mercado negro institucionalizado. Los gobiernos delegaron el control del sistema a los empleadores y reclutadores, sin asumir la responsabilidad por el trato, el proceso o los abusos”.
Lejos de casa
Autoridades y sindicalistas mexicanos que visitaron Leamington para dialogar con los trabajadores durante la reunión de las oficinas del UFCW, reconocen que es tiempo de que México asuma su responsabilidad de muchas maneras.
Para empezar, invitando a los trabajadores en las reuniones anuales, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores no respondió a este diario si podrían incluirlos en su delegación de este año.
La falta de cuidado para frenar los abusos locales en México es una constante queja. El mexiquense César Salazar, dijo que él se quedaría feliz de quedarse en Mexicaltzingo en su invernadero que construyó con los ahorros de Canadá, pero no puede con la avaricia de las empacadoras. “Pagan muy barato”.
La inseguridad, es otra: “Los trabajadores prefieren venir a Canadá que montar un negocio en México donde pueden ser extorsionados”, destaca la diputada federal migrante Rocelia Suárez.
Silvia Rivera, secretaria para la Atención al Migrante en Guerrero, señala, por otro lado, que hay muchas lagunas legales en los programas y tratados multilaterales:
“El marco normativo es muy general, poco claro e impreciso para garantizar la protección integral de los trabajadores desde su reclutamiento hasta su regreso”.
A ello se suma la falta de coordinación institucional que observa la diputada Suárez, donde las dependencias involucradas –las federales como la Secretaría del Trabajo y Gobernación, como las locales– se pasan una a otra la responsabilidad, razón por la cual presentó una iniciativa para la creación de una Secretaría de Movilidad Humana Interior y Exterior que tome el liderazgo.
Para Suárez es contradictorio que México celebre el monto de las remesas como si fueran un éxito colectivo. Pero pocas veces calcula las pérdidas: los salarios robados o no pagados, las cuotas descontadas que nunca se devuelven, los beneficios sociales que se esfuman.
“Garantizar los derechos laborales de los migrantes no solo es una cuestión de justicia —dice Suárez— sino también de economía nacional”.
El Banco de México documentó en 2024 que el país pasó de recibir 238 millones de dólares en 2013 provenientes de Canadá a percibir 681 mdd durante 2022 y 930 mdd en 2023.
Para parchar las faltas, algunas entidades como el Estado de México, Guerrero y Morelos han firmado acuerdos con el UFCW para que este sindicato capacite a trabajadores antes de viajar a Canadá y evite gritos y relojazos, mientras la Central Campesina Cardenista impulsa la doble afiliación sindical en México y Canadá.
De todo ello se habla en Leamington, donde espera que haya más eco a las demandas y donde el otoño ha caído con una ventisca helada. El café y las galletas siguen repartiéndose en las oficinas del UFCW, aunque los trabajadores deben marcharse. Al alba los esperan los invernaderos.
Godoy recuerda que la solución, aunque parezca compleja, es muy simple:
“Que se le dé a los trabajadores temporales los mismos derechos que a los canadienses”. Se dice fácil.
Los trabajadores cuchichean, se ponen las chamarras y salen al frío. Uno a uno, se van desdibujando entre la niebla.
MD
