El hombre que asesinó a un perro y lo clavó a un poste ya fue sentenciado a casi dos años de cárcel, siendo la primera juzgada por maltrato animal en Durango, aseguró Amelia Salas, fundadora de Convida A.C.
Amelia comentó que fue la asociación civil que fundó la que le dio acompañamiento a la persona que presenció el suceso, mismo que ocurrió a mediados del año pasado.

“Se tipifica un delito contra la vida e integridad contra los animales en el estado de Durango, y es la primera vez que se da una sentencia de un delito contra la sociedad. ¿Por qué? Porque en este caso fue un ciudadano el que estaba presente cuando se ejecutó la acción de matar a este perro. Quiero recordar, a la gente que fue el perrito que se hizo viral porque fue colgado de una pata a un poste por una persona en la colonia Emiliano Zapata. Se le otorgaron un año y 11 meses y 29 días. Él ya está purgando sentencia en el Cereso, ya se encuentra ahí, porque es un precedente, y quiere decir que si una organización como nosotros acompaña a un ciudadano, siempre llegará a buen fin”.
Comentó que hay un más de 98 por ciento de casos que no se atienden por parte de los diferentes niveles de Gobierno.
“Lamento decir que la autoridad municipal miente al decir que se atienden los casos, una cosa es decir que se atienden los casos, otra cosa es que se atiendan. Y por desgracia no se atienden ni el 2 por ciento de lo que llega. Nosotros como asociaciones, es a lo que nos dedicamos”.
Destacó que este es el primer caso que se da luego de aprobarse la Ley de Seres Sintientes: “Nosotros como asociación luchamos durante muchos años para lograr la iniciativa de seres sintientes, y gracias a esta ley este señor va a purgar esta condena. Porque los animales en Durango ya no son una cosa. Lo que necesitamos son más leyes, necesitamos, que las que ya existen, los reglamentos municipales como las leyes estatales, este es un caso, que yo pienso que es emblemático, porque ya vimos que la llevamos a buen puerto, y es un mensaje a la sociedad, de que los animales están protegidos por el Gobierno, como lo mandata la ley”.
aarp