El abogado Essaú Román Pérez no solo era la voz jurídica del Ejido Nuevo Centro de Población Agrícola General Emiliano Zapata, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco, justo en el límite con Colima, también era un vecino querido, un formador de niños y un hombre profundamente comprometido con su comunidad.
Su asesinato, ocurrido el lunes 3 de noviembre, dejó un vacío difícil de llenar entre quienes lo conocieron y evidenció, una vez más, el riesgo que enfrentan los defensores de la tierra en Jalisco.
Ahora se suma a la lista de activistas que han pagado con su vida por luchar por sus derechos en el estado, considerado uno de los más peligrosos para quienes defienden causas sociales.
Huella en la tierra
Román Pérez dedicó más de una década a defender las tierras ejidales de Emiliano Zapata, una delegación agrícola de la Costa Sur jalisciense.
Como representante legal, encabezó procesos ante tribunales agrarios y autoridades municipales para impedir la invasión, privatización o venta irregular de terrenos que pertenecen a campesinos de la zona.
Sus compañeros ejidatarios lo describen como un abogado que nunca se alejó de la comunidad, que atendía los conflictos y mantenía firme su postura: la tierra debe permanecer en manos de quienes la trabajan.
“Lo mataron por levantar la voz, por defender lo que es de todos”, escribió un colega suyo en redes sociales tras su asesinato.
En Cihuatlán, muchos lo recuerdan como un defensor honesto y perseverante, que prefería el diálogo a la confrontación, pero no dudaba en denunciar los abusos de poder y la corrupción local.
Más allá de los tribunales: ¿Quién era Essaú Román?
Además de su labor jurídica, Essaú era entrenador de fútbol infantil. Los fines de semana, cuando dejaba los expedientes y los documentos legales, se colocaba un silbato al cuello y se iba al campo a enseñar.
Fue formador de decenas de niños y jóvenes del municipio y, de acuerdo con testimonios de padres de familia, “sabía transmitir valores, disciplina y respeto, más allá del juego”.
Durante su funeral, el ambiente se llenó de flores blancas y lágrimas.
“Cuánta gente fuimos a despedirte con cariño y gratitud; seguramente ni tú sabías que estabas en el corazón de tanta gente”, escribió una de sus amigas.
“Lo más conmovedor fue la fila de tantos niños, tus alumnos del fútbol, con una flor blanca y lágrimas por tu partida, hasta uno de tus alumnos leyó en misa”.
Amigos cercanos lo describen como un hombre amable, paciente y generoso, que siempre encontraba tiempo para ayudar.
“Nunca esperó nada a cambio —relató una de sus vecinas—; si alguien necesitaba asesoría legal o apoyo para un trámite, Essaú se daba un espacio, aunque fuera de noche”.
Otro de sus conocidos lo recordó así: “Era un buen amigo, un ejemplo para los chavos; descubría talentos, motivaba, enseñaba a competir sin perder la humildad”.
A través de su trabajo y su vida cotidiana, Essaú Román Pérez dejó huella en dos espacios esenciales para su comunidad: la defensa de la tierra y la formación de las nuevas generaciones.
Su muerte provocó una ola de indignación entre ejidatarios, campesinos y vecinos de Cihuatlán, quienes lo despidieron con aplausos, oraciones y una promesa: mantener viva su causa.
“Apagaron su vida, pero no su lucha”, escribió uno de sus compañeros del ejido.
“Su causa sigue en quienes creen en la justicia y en el derecho a defender lo que es de todos”.
Para quienes lo conocieron, Essaú Román Pérez fue más que un abogado o un entrenador. Fue un hombre que entendió que la justicia no se ejerce solo en los tribunales, sino también en el ejemplo diario.
Y aunque su partida fue prematura y violenta, su legado permanece en cada niño que formó, en cada campesino que ayudó y en cada pedazo de tierra que defendió con convicción.
Activistas pagan con su vida
Aunque no existe una cifra oficial consolidada publicada por el gobierno de Jalisco ni por la Fiscalía del Estado sobre el número de activistas asesinados durante este año, organizaciones civiles y medios locales han documentado al menos seis casos de personas defensoras de derechos humanos, ambientales o comunitarios que fueron víctimas de homicidio en Jalisco en 2025.
Entre las víctimas de este año destaca Teresa González Murillo, lideresa de comerciantes del Centro Histórico de Guadalajara e integrante del colectivo Luz de Esperanza, quien fue atacada en su domicilio, en la colonia San Marcos, el 27 de marzo.
La activista buscaba a su hermano Jaime, desaparecido desde septiembre de 2024. Tras permanecer varios días en estado crítico, murió en el hospital donde estaba internada.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el ataque y exhortó a las autoridades del estado de Jalisco y a las federales responsables a garantizar la protección integral de todas las personas que, de manera individual o a través de colectivos, buscan a sus seres queridos desaparecidos.
Otro caso fue el de Juan Pablo Diego Estrada, activista por la paz en Teocaltiche, asesinado el 30 de marzo al interior de su domicilio.
De acuerdo con los reportes de seguridad, fue atacado por dos sujetos que le dispararon con arma calibre 9 milímetros. Fuentes federales indicaron que los agresores fueron identificados como integrantes de una organización criminal que opera en la región.
La violencia también alcanzó a María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quien fue asesinada el 24 de abril junto con su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, de 26 años, en el fraccionamiento Las Villas, en Tlajomulco de Zúñiga.
La mujer había denunciado la desaparición de otro de sus hijos un año antes de su muerte.
Según las autoridades municipales, tres hombres encapuchados llegaron en motocicleta y dispararon directamente contra las víctimas.
Días después, el gobernador Pablo Lemus confirmó la detención de dos hombres presuntamente relacionados con el ataque. Ambos fueron vinculados a proceso por feminicidio y homicidio calificado.
Karina Ruiz Ocampo, activista por el acceso al agua en el municipio de El Arenal, fue localizada muerta 20 días después de haber sido privada de la libertad.
Era representante legal de la asociación civil La Cima Nuestra Propiedad y se distinguía por exigir al ayuntamiento un suministro de agua regular y mejores servicios públicos para su fraccionamiento.
El domingo 13 de abril, hombres armados ingresaron a su casa y se la llevaron por la fuerza. Su cuerpo fue encontrado el 3 de mayo, a siete kilómetros de su domicilio. La Fiscalía de Jalisco investiga su asesinato bajo el protocolo de feminicidio.
En agosto, Katia Daniela Medina, lideresa del colectivo Zapotlán Diverso, fue hallada muerta en el crucero La Catarina, sobre la carretera libre Sayula–Ciudad Guzmán.
Con el homicidio de Essaú Román Pérez, el recuento de activistas asesinados en Jalisco durante 2025 asciende a siete personas, todos ellos defensores comunitarios, ambientales o de víctimas de desaparición.
La falta de información oficial refleja la ausencia de un registro público y sistemático que permita dimensionar la magnitud de la violencia contra quienes ejercen la defensa de derechos en la entidad.
Protección limitada: Mecanismos siguen sin recursos suficientes
A pesar de los múltiples llamados de organismos nacionales e internacionales, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco, creado en 2021, continúa siendo limitado en recursos y cobertura.
El mecanismo estatal funciona de manera complementaria al Mecanismo Federal de Protección, operado por la Secretaría de Gobernación, y su objetivo es otorgar medidas preventivas o de seguridad, como botones de pánico, patrullajes o escoltas, a quienes enfrentan amenazas por su labor.
Con los hechos registrados en 2025, Jalisco se mantiene entre las entidades más peligrosas del país para ejercer la defensa de derechos humanos.
Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la Red TDT, el estado figura entre los primeros cinco con más agresiones documentadas contra activistas y personas buscadoras.
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ksh
