En los últimos 18 años, la esperanza de encontrar a sus seres amados ha movilizado a miles de familias por todo el territorio mexicano. Fue justo tras la declaratoria de guerra contra el crimen organizado que dictó el presidente Felipe Calderón, cuando en La Laguna iniciaron las desapariciones masivas, lo que movilizó a activistas, quienes, encabezados por el entonces obispo de Saltillo, Raúl Vera López, organizaron a la sociedad. Primero en el norte del país y luego a escala nacional.
Blanca Isabel Martínez Bustos fue llamada a agrupar a las familias y el 19 de diciembre de 2009 consolidó a las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, Fuundec, que derivó en las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, FUNDEM. A más de una década de iniciar la defensa, es ella quien recapitula la lucha.
“Vemos escenarios muy preocupantes y desoladores porque, aunque se ha invertido en la búsqueda, les vale un comino gastar millones en hacer un Centro Nacional de Identificación que no funciona, o estar dando palas y cribas para que las señoras busquen. Delegar la responsabilidad a las familias es perverso.
“Otras de las problemáticas a las que nos estamos enfrentando tienen que ver con la concepción del problema y la política de Estado; cuando se recuperan restos y pueden ser identificados, lo que están haciendo es retipificar el delito. Y de ser un desaparecido, se convierte (el crimen) en un homicidio cometido por particulares”.
El tema mantiene claroscuros y la defensora de derechos humanos dijo que en México solo existen 33 casos que se han judicializado por el delito de desaparición forzada, con la clara intención de no engrosar la estadística y deslindarse porque el delito, insiste, es responsabilidad del Estado.
Blanca Isabel Martínez además sostiene que existen pactos de impunidad sobre grupos políticos y empresariales, muchas veces vinculados a criminales, lo que ha permitido el despojo de comunidades, muertes masivas de jóvenes a través del mercado de la droga y daños irreparables al medioambiente al privilegiar los intereses económicos de las industrias.
“Mientras no se combatan los pactos de impunidad, esto va a seguir. Los escenarios son poco esperanzadores. Seguimos apostando a que un día vamos a lograr algo y por eso es que también estamos con la estrategia internacional. No para que vengan a resolvernos la vida, sino para que vengan a apoyar la lucha que tenemos”.
Para las víctimas la realidad se impone y el 27 de octubre 61 colectivos de familias y 66 organizaciones civiles pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum no oponerse a la decisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), que impulsa el someter a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas la crisis que ocurre en México.
Así le han pedido “cooperar con el CED y la comunidad internacional para erradicar de fondo las causas de las desapariciones y garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas”, al activar el artículo 43 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Aunque no niegan que la mayoría de las desapariciones que ocurren en México sean obra de delincuentes o del crimen organizado, no coinciden con la presidenta en cuanto a que las desapariciones forzadas no se encuentran asociadas directa o indirectamente con la responsabilidad del Estado.
El CED precisó sobre la definición del delito contenida en la Convención respectiva, que se incluye en el hecho cuando una privación de la libertad es cometida por un particular que actúa con autorización, apoyo o aquiescencia de agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, lo que constituye propiamente una desaparición forzada.
Los principios sobre responsabilidad internacional del Estado aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución A/RES/56/83), establecen que la responsabilidad se deriva de actos contrarios al derecho internacional, que son cometidos por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel. En un estado federado, como lo es México, abarca a agentes de cualquier sector, llámese servidores públicos, municipales, estatales o federales, y de cualquiera de los poderes, o de órganos constitucionales autónomos.
Sepultados en fosas comunes
El pasado primero de noviembre Lucy López Castruita en representación del colectivo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas, acudió junto a compañeras y un sacerdote a orar en las fosas comunes del Panteón No. 1 de Torreón. Tras la ceremonia comentó que después de casi siete años de búsqueda se localizó el cuerpo de José Pablo Torres Núñez. Fue el 29 de octubre cuando se le ubicó en el Servicio Médico Forense de Zacatecas, lo que para ellas evidencia la falta de coordinación entre las fiscalías en el país.
"Esto lo hemos venido externando en todas las mesas de trabajo de la coordinación Estado con Estado, pero como decimos, ni aquí mismo (en Coahuila) tienen buena coordinación. Le comentaba a un licenciado de los que nos hicieron los trámites para la entrega de José Pablo la semana pasada que fue localizado, le digo: Los tres últimos que nos han entregado de nuestro colectivo Voz que Clama Justicia, han sido en estas mismas condiciones, que han estado por años en Semefos de otros estados y de aquí mismo".
“Y por eso digo que ni aquí hay coordinación, porque tenemos a Jessica Vianey (Ortega González) que la localizan en el 2016 (el mismo año de su desaparición) y hasta las exhumaciones del 2021 es que aparece (su cuerpo lo entregaron este año) y ya tenía 9 años en una fosa común. Y esto fue aquí en Coahuila. Tenemos a Rebeca Cortinas, que fue localizada en San Luis Potosí, que desapareció el 30 de octubre de 2018 y fue localizada en San Luis Potosí y la tenían en una fosa común también”.
El cuerpo de la adolescente fue encontrado a finales de julio del año referido, semienterrado en una quinta al oriente de Torreón, a quince minutos de la XI Región Militar. Pero las autoridades dijeron que al no ser reclamado, tuvieron que enviarlo a la fosa común.
En el caso de Pablo, Lucy afirma que fue localizado por publicaciones que realizó el Semefo de Zacatecas, mismas que vieron las familias buscadoras.
¿El avance en las investigaciones se da por el cruce de información entre las familias y no, no por el que hace el Estado mexicano a través de las delegaciones de las fiscalías?
—Ellos dicen que lo están haciendo, pero creo que les falta muchísimo porque las pruebas están con estas personitas que han sido regresadas a casa, pero que duraron mucho en una fosa común. Falta mucho trabajo por hacer entre ellos y estrategias.
Lucy López comentó que tras las exhumaciones hay resultados, aunque no los esperados. Porque, por un lado, las familias no quieren acceder a la toma de muestras de ADN, pues guardan la esperanza de que sus seres queridos sean localizados con vida, pero la realidad muestra que hay miles de cuerpos sin identificar en todo el país, en tanto sigue faltando personal especializado en el tema, no se comparte información entre las autoridades judiciales y muchas familias no se suman a los colectivos.
¿Se comparte en México algún banco de ADN, hay cruce de información entre los estados?
Ellos dicen que sí, pero sabemos que no es tal como lo dicen. El ejemplo está en este chico que teníamos desde el 2019 en el Semefo de Zacatecas. Es un estado vecino a Coahuila, entonces imagínate cuando a veces están en Veracruz o en otras entidades. Si los cercanos no tienen comunicación, menos allá.
Expertos que sufren la desaparición
Para el antropólogo forense Erick Morgan Medina, las desapariciones forzadas en México han tenido varios momentos, pero desde hace 15 años se hicieron visibles. Coahuila se convirtió en la entidad más afectada por la presencia de los Zetas y otros grupos criminales a partir del 2007-2008, pero en contrapeso, su población tiene el mérito de haber conformado el primer colectivo formal, las Fuundec.
“Yo fui militante hace 25 años de una organización que se llama Amnistía Internacional en la Sección Mexicana e incluso en esa época llegué a asistir a San Lázaro a reuniones de familiares de desaparecidos que impulsaban iniciativas. Pero ha cambiado mucho mi punto de vista, casi radicalmente. Inocentemente, pensaba que la antropología forense debía hacerse para ayudar a las personas a encontrar a los desaparecidos”.
Aunque trabajó en Guatemala como especialista y luego vivió de cerca los movimientos sociales que se gestaron a partir de la guerra sucia, sabe que la situación y lo que demandan las familias en México no han cambiado en décadas. Además, refiere que no hay confianza en cuanto a las intenciones de algunos grupos internacionales, que buscan elementos con los cuales pueda presionar el gobierno estadounidense a sus vecinos.
Pero por si fuera poco, la violencia alcanzó a uno de sus familiares, el también antropólogo forense Juan Carlos Tercero Aley, desaparecido en abril de 2023 en Tepic. Poco antes se había incorporado como integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Nayarit y se desempeñaba como docente. Aunque las familias pidieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno sumarse a la búsqueda, este no ha sido localizado.
Una crisis forense sin resolver
Si bien, desde la administración de Calderón y dentro las que la sucedieron, se desarrollan acciones toda vez que se comenzó a hablar de una crisis forense donde se considera que hay alrededor de 30 mil personas muertas no identificadas en los semefos, fosas comunes y espacios similares controlados por el gobierno, es decir, que no están perdidas, pero no se sabe quienes son, en contraposición con una estadística que arroja que en México hay más de 100 mil personas reportadas como desaparecidas desde el sexenio de Calderón y hasta el gobierno de Sheinbaum.
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