Derivado de la inacción de autoridades de los tres órdenes de gobierno para dar con sus desaparecidos, familias buscadoras y organizaciones civiles, entre ellas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y el Centro de Derechos Humanos 'Fray Juan de Larios', llevaron su exigencia de resultados al plano internacional.
De ahí que sus representantes estuvieron hace unos días ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU en Ginebra para dar seguimiento a la aplicación del Artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas a la que México está suscrito.
Sin embargo, desde 2012 fue cuando la ONU reconoció la existencia de desapariciones en Coahuila durante una visita y desde entonces colectivos como FUUNDEC han pedido seguimiento a este tema. En abril pasado el Comité contra las Desapariciones determinó medidas por este mecanismo en México y pidió un informe al respecto.
“Nos reunimos con el Comité y les dijimos que queríamos que nos escuchara, que no había sido fácil llegar hasta allá y que somos la voz de nuestros desaparecidos, así como de miles de familias que esperaban una buena respuesta sobre este artículo”, dijo María Luisa Lazarín Sierra, integrante de FUUNDEC y quien busca a Ismael Torres Lazarín que fue desaparecido el 18 de junio 2009, junto con cinco personas más, por policías del municipio de Matamoros.
En entrevista para MILENIO, aclaró que este mecanismo busca una protección contra las desapariciones a cada persona en México y una estrategia que permita encontrar a las más de 130 mil personas ausentes, según cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
“En ningún momento se está pidiendo para confrontarnos o atacar al Estado Mexicano, sino que sea una oportunidad para la protección de todas las personas contra la desaparición”.
Lazarín Sierra destacó que en Coahuila las desapariciones no han parado y que los casos de larga data, es decir, las denuncias con más de una década, se mantienen sin resultados específicos.
“En Coahuila todavía no tenemos una línea de investigación clara en ninguna desaparición de larga data y no se han encontrado a las personas”.
Estrategia de presión
Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos 'Fray Juan de Larios', detalló que la aplicación del Artículo 34 forma parte de una estrategia que desde la sociedad civil busca presionar a las autoridades de los diversos órdenes de gobierno para dar resultados en materia de las desapariciones.
“Nosotras desde hace varios años hemos estado trabajando como parte de la estrategia internacional y exigiendo mecanismos de apoyo y cooperación internacional para respaldar la lucha de las familias de personas desaparecidas”.
Resaltó la necesidad de constituir un mecanismo contra la impunidad y es una de las cosas que se planteó en Ginebra.
“Es una oportunidad para el gobierno mismo, no nos interesa llevar al Estado Mexicano a la Asamblea de Naciones Unidas por llevarlo, no es una luchita de poder, sino lo que se ha hecho ha sido insuficiente para atender las desapariciones y atender la grave problemática de búsqueda de personas desaparecidas”.
Recordó que a lo largo de los años desde Coahuila llevaron casos de violaciones graves a derechos humanos a otras instancias internacionales.
“Tanto en Naciones Unidas como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hemos planteado la posibilidad de llevarlo a la Asamblea de la OEA, es parte de nuestra estrategia la presión internacional. En 2017 interpusimos una comunicación a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad”.
Acciones Urgentes promovidas desde Coahuila
No es la primera vez que organizaciones y colectivos de Coahuila recurren a mecanismos internacionales para buscar una solución a la problemática de las desapariciones en la entidad y el país. Prueba de eso es que desde 2020 han interpuesto cerca de 15 Acciones Urgentes ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
Dichas solicitudes persiguen que un Estado, en este caso el Mexicano, tome medidas inmediatas y efectivas para buscar y localizar a una persona desaparecida e investigar su desaparición.
Entre los casos admitidos por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU está el de Yajaira Sugey Parra, joven lagunera que fue desaparecida en Mazatlán, Sinaloa, el 4 de septiembre de 2021.
La determinación fue hecha bajo el número de expediente 1525/2022 luego de que se evaluara el caso y se determinaran irregularidades en la investigación, además de poca colaboración entre las fiscalías de Coahuila y Sinaloa.
Otro caso admitido fue el de Jovanna Dibanhi Ahguolar Pérez, quien fue desaparecida el 25 de junio de 2021. El folio del expediente fue el 1494/2022 y también señaló omisiones en las investigaciones e hizo un exhorto para que las autoridades en Coahuila a realizar diversas acciones para encontrarla.
Uno de los casos más recientes admitidos vía este mecanismo fue el de Pablo Jared Vallejo Adame bajo el expediente 1891/2024. El joven lagunero desapareció el 30 de julio de 2024 y por el caso han intervenido las fiscalías de Coahuila y Durango sin que hasta el momento haya una investigación clara sobre su paradero y por lo que incluso su familia pidió la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República.
“Tenemos 15 acciones urgentes, el problema es que antes de que se aprobara la admisión de casos y se ampliara la posibilidad de alcance del comité de desapariciones, no teníamos este recurso y hemos estado interponiendo acciones urgentes, pero por casos actuales porque no admiten casos de larga data”, dijo Blanca Martínez, director del Centro de Derechos Humanos 'Fray Juan de Larios'.
Refirió que gracias a este recurso han logrado sentar a la mesa diferentes instancias estatales y nacionales, pero sigue siendo una dinámica administrativa.
“El problema que tenemos con las acciones urgentes es que nos siguen administrando, no ha sido todavía un recurso que impacte más sustantivamente en la respuesta del Estado”.
Realidad de desapariciones en Coahuila
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, organismo alimentado por fiscalías y comisiones de búsqueda de todo el país, en Coahuila suman 3 mil 667 personas desaparecidas y no localizadas.
De esa cantidad, 2 mil 882 son hombres, 774 mujeres y 11 no está determinado.
Torreón concentra el mayor número de ausencias con mil 041, seguido por 640 en Piedras Negras, Saltillo con 636, 237 en Acuña y Monclova con 224.
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