“Nos soltaron otra vez a los perros policía, dejando que nos desgarraran la carne. Uno de los perros atacó a un compañero detenido y empezó a morderle los genitales. Se desangró en mis brazos. Un médico protegido tras una reja lo examinó desde lejos y dijo: Tírenlo fuera”.
Francesca Albanese. Informe Tortura y Genocidio.
Naciones Unidas, Ginebra, marzo de 2026
El 30 de marzo pasado, con champán y un pin de una horca en la solapa, festejaron Ben-Gvir el ministro de Seguridad Nacional y otros miembros de la Knesset —el parlamento israelí— la aprobación con 62 votos a favor y 48 en contra de la “Ley de Pena de Muerte para Terroristas”. Con esta ley, Israel puede ejecutar a palestinos sin ninguna garantía de un juicio justo. En realidad, lo ha hecho siempre, este paso infame significa institucionalizar una práctica que en la realidad ya ocurría. Basta con citar la espeluznante cifra de más de 72 mil palestinos asesinados en Gaza desde finales de 2023, de los cuales se cuentan más de 20 mil niños (es la cifra oficial, todos los expertos coinciden en que las cifras son muchísimo más altas debido a la cantidad de palestinos que quedaron bajo los escombros y cuyas muertes no han sido registradas). Desde 2023 en Cisjordania ocupada más de mil palestinos han sido asesinados por colonos y soldados israelíes, de los cuales alrededor del 25% eran niños.
Quedó así formalmente estipulado en la ley la violación al derecho a la vida y el refuerzo del sistema de apartheid israelí que cuenta ya con decenas de leyes discriminatorias contra los palestinos. Se trata de una de las penas de muerte más extremas del mundo: a los condenados a muerte también se les niega el derecho al indulto. Con esta ley, tanto en Israel como en Cisjordania ocupada ilegalmente, los tribunales civiles quedan autorizados a imponer la pena de muerte a cualquier persona condenada por “homicidio intencional con el propósito de negar la existencia del Estado de Israel”, prueba de que esta ley ataca deliberadamente a los palestinos. La ejecución se llevaría a cabo en tan solo 90 días a partir del veredicto. Cabe recordar que los tribunales militares tienen una tasa de condena superior al 99% para los acusados palestinos.
Esta legislación es parte de una configuración jurídica más amplia caracterizada por un sistema de apartheid con clara diferenciación de derechos según pertenencia nacional y étnica. En este sentido, las críticas formuladas por organizaciones de derechos humanos tales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, apuntan a la consolidación de un sistema legal dual, donde poblaciones étnicas diferentes quedan sometidas a regímenes penales desiguales. En este marco, la pena de muerte en Israel aplicada de manera selectiva, no solo plantea un problema ético y jurídico inmediato, sino que también se inscribe en una historia más amplia en la que la diferenciación legal ha precedido, acompañado o legitimado formas extremas de violencia contra los palestinos.
Esto es particularmente visible en el sistema carcelario. El informe Welcome to Hell de la ONG israelí B’Tselem publiucado en 2024 documenta un régimen de detención caracterizado por abusos sistemáticos, privación de derechos básicos y violencia institucionalizada. Estas prácticas no son marginales, sino que forman parte de un dispositivo más amplio de control sobre la población palestina. En esta misma línea, informes de las organizaciones Save the Children y la YMCA han puesto de relieve la situación de los menores palestinos detenidos, subrayando que constituyen una de las pocas poblaciones infantiles en el mundo sometidas de manera sistemática a tribunales militares. Los testimonios recogidos describen detenciones nocturnas, interrogatorios sin garantías legales y el uso de coerción física y psicológica, en violación de los estándares internacionales de protección de la infancia. Este dispositivo punitivo se articula, además, con dinámicas más amplias de violencia en los territorios ocupados: procesos de desplazamiento forzado, fragmentación territorial y expansión de colonias en Cisjordania. En este contexto, la ampliación de la pena de muerte no aparece como una anomalía, sino como una intensificación de un sistema ya marcado por la colonización, el apartheid, la desposesión territorial, la limpieza étnica y hoy un genocidio abierto.
La ampliación de la pena de muerte en Israel debe interpretarse como una profundización de un orden jurídico que institucionaliza la desigualdad y legitima formas extremas de violencia contra una población específica. Esta legislación se inscribe en una lógica punitiva que ha sido ampliamente documentada, evidenciando un patrón sostenido de violaciones a los derechos humanos. En ese sentido el más reciente informe de Francesca Albanese, relatora de Naciones Unidas para los territorios ocupados: “Tortura y genocidio: violencia sistemática en las cárceles y centros de detención israelíes” publicado en marzo de este año, sostiene que la violencia ejercida contra la población palestina, especialmente dentro del sistema carcelario israelí, sigue un patrón sistemático de control y dominación. El documento describe la detención administrativa sin cargos ni juicio, tortura física y psicológica, violencia sexual, privación de necesidades básicas y trato degradante. Según el informe, más de 18 mil 500 palestinos han sido arrestados desde octubre de 2023, incluidos más de 1500 niños. Y al menos 9245 permanecen en centros de detención israelíes, donde se documentan prácticas como palizas, violaciones, inanición, desnudez forzada, privación de atención médica y uso de perros, descargas eléctricas y aislamiento prolongado. Albanese advierte que estas dinámicas constituyen crímenes de lesa humanidad y se inscriben en una lógica de carácter genocida, al buscar desarticular el tejido social palestino, y llama a la comunidad internacional a investigar y responsabilizar a los altos mandos implicados.
Es importante señalar que la experiencia del encarcelamiento ha adquirido una dimensión central en la historia social y política palestina. Desde 1967, se estima que más de un millón de palestinos han pasado por cárceles israelíes, lo que implica que una parte significativa de la sociedad ha estado directa o indirectamente marcada por la detención. Lejos de ser un fenómeno marginal, la prisión se ha convertido en una institución estructurante de la vida colectiva, atravesando generaciones, familias y territorios. Como señala Rashid Khalidi, la experiencia de la coerción, el exilio y el encarcelamiento forma parte constitutiva de la historia moderna palestina, moldeando tanto las identidades políticas como las formas de resistencia. En este sentido, las personas encarceladas ocupan un lugar central en la memoria colectiva y en la cultura política palestina, siendo ampliamente reconocidas como símbolos de resistencia, dignidad y sacrificio frente a la ocupación. Este reconocimiento social no solo refleja la magnitud del fenómeno, sino también la forma en que la experiencia carcelaria se ha integrado en una narrativa más amplia de lucha y supervivencia colectiva.
Finalmente, recordemos que en la Alemania nazi el régimen de Adolf Hitler fue transformando gradualmente el sistema legal en un instrumento de exclusión y exterminio, desde las Leyes de Núremberg hasta el Holocausto. En el caso de Israel se fue conformando una dinámica que, aunque históricamente distinta, muestra paralelismos en la relación entre derecho y violencia: décadas de ocupación; un sistema de desigualdad estructural denunciado como apartheid; limpieza étnica y hoy abierto genocidio, han ido acompañados de un endurecimiento legal que culmina hoy en medidas como la reciente aprobación de esta ignominia.
Laila Porras
Autora de los libros ‘Palestina/Israel. Una mirada a la historia’ (PRH, 2025) y ‘La Odisea rusa. Una historia económica de la Revolución a la guerra en Ucrania’ (PRH, 2024).
AQ / MCB
