M+.- La necesidad de mejorar el pago mensual de sus pensiones orilló a cuatro personas de la tercera edad a padecer un calvario con un grupo de defraudadores que, además de hacerse pasar por abogados de un despacho jurídico, usaron el nombre y firma de funcionarios de alto nivel y servidores públicos de al menos cinco dependencias de gobierno federal y local para dejar en la quiebra a los adultos mayores tras perder casi 2 millones de pesos.
“Estuve a punto de quitarme la vida; yo decía que no valgo nada. Me destruyeron, me han quitado mi dinero.
“Ese funcionario me desbarató porque dije: ‘Me van a meter a la cárcel, me van a retener los pocos bienes que me quedaron’”, admite a MILENIO con dolor José Luis Ramírez, un adulto mayor con discapacidad víctima del fraude.
Los criminales se hicieron pasar como servidores públicos de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, del Banco de México (Banxico), del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México y hasta de notarías públicas para engañar a las víctimas y cobrarles importantes cantidades de dinero.
Suplantaron identidades de funcionarios de alto nivel como Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, para amenazar a los adultos mayores con congelar sus cuentas bancarias y de sus familiares; falsificaron la firma de Raquel Buenrostro, titular de Buen Gobierno, para emitir documentos donde pedían pagos por supuestos trámites gubernamentales y usaron el nombre real de por lo menos otros cuatro directivos de dependencias federales y del gobierno capitalino.
Además, los criminales crearon cuentas falsas de la UIF en Facebook, en las que invitaban a las víctimas de fraude a recuperar su inversión. Especialistas en resolución de fraudes financieros y recuperación de activos. Tu tranquilidad es nuestra prioridad, aseguran en sus publicaciones, pese a que la unidad encabezada por Omar Reyes Colmenares no cuenta con ninguna cuenta oficial de redes sociales.
“En su momento no sentimos ninguna duda porque dijimos: Es la Secretaría de Buen Gobierno’; además, porque buscábamos las imágenes de estos funcionarios, las buscamos en su página de internet y todo parecía óptimo”, sostiene José Luis.
Las dependencias involucradas remitieron a Buen Gobierno como la responsable de atender quejas contra servidores públicos, pero en dicha dependencia afirmaron que este tipo de fraudes fue denunciado desde agosto del año pasado y “que se exhorta a la población a no dejarse engañar, ya que los trámites y gestiones administrativas son gratuitas”.
Los farsantes contactaron a las víctimas desde números particulares con lada de la Ciudad de México para reforzar la apariencia de que las llamadas provenían de dependencias federales o capitalinas.
Desde el 55-22-64-13-18 se hicieron pasar por Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF; desde el 55-22-68-92-70 usurparon la identidad de Gabriela Torres, de la Contraloría capitalina, y desde los números 55-14-92-67-18 y 55-51-56-10-31 se presentaron como Marco Antonio Hernández y Laura Leticia Juárez, supuestos funcionarios de Buen Gobierno.
El origen de la estafa: El gancho en el IMSS
La farsa criminal inició en octubre de 2025, cuando Jose Luis Rodríguez acudió a una consulta en la Clínica 10 de la Unidad Médica Familiar del IMSS en Xalapa, Veracruz, tras perder los dedos de su pie izquierdo por ser diabético.
A su salida fue abordado por una mujer que se identificó como la abogada Beatriz Dueñas Luna, quien le ofreció incrementar su pensión de 8 mil pesos mensuales hasta los 20 mil pesos.
Ese mismo modus operandi se repitió con otras 12 personas jubiladas que pagaron, cada una, entre 60 mil y 100 mil pesos. Sin embargo, en febrero de este año descubrieron que el despacho S&A Corresponsal Jurídico no existía y que habían sido defraudados.
El 22 de febrero, José Luis Ramírez acudió a la Fiscalía de Veracruz para levantar una denuncia por fraude contra el despacho y también realizó una denuncia anónima a la línea telefónica 089 para obtener mayor apoyo de las autoridades, pero lo único que obtuvo al día siguiente fue una comunicación vía WhatsApp desde la Ciudad de México que le cambiaría la vida.
“Recibo una llamada del licenciado Marco Antonio Hernández; me dice que es funcionario de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que recibió información de nuestra denuncia y que estaba a nuestras órdenes para realizar un proceso de congelar cuentas del despacho y recuperar la inversión del fraude.
"Me pidió que, si conocía a gente que había sido defraudada, le facilitara los teléfonos para contactarlos y hacer una denuncia grupal”, explicó José Luis.
El defraudador dijo ser el titular de la Unidad de Investigación en Delitos Fiscales y Financieros de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno; sin embargo, esa unidad pertenece a la Fiscalía General de la República, y Marco Antonio Hernández, efectivamente, trabaja en Buen Gobierno, pero en realidad es titular de la Unidad de Administración y Finanzas.
El laberinto de los depósitos institucionales
Para ganarse la confianza de los jubilados, el criminal informó que las cuentas del despacho habían sido congeladas y que se creó un fideicomiso grupal para que todos recuperaran su dinero.
Incluso mandó un documento titulado “Certificado de Traslado” timbrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pero firmado, supuestamente, por Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno.
“En su momento, no sentimos ninguna duda porque dijimos, es la Secretaría del Buen Gobierno; además, buscamos las imágenes de estos funcionarios, las buscamos en su página de internet y todo parecía óptimo”, aseguró José Luis.
En ese documento se le pedía a cada uno de los 13 jubilados una aportación de entre 3,500 y 8,200 pesos para liberar los recursos. Tras pagar el monto, los criminales ahora se hicieron pasar por Laura Leticia Juárez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Buen Gobierno, para pedir otros 4,500 pesos por persona para, según, liberar el fideicomiso en la plataforma del Banco de México.
A partir de este momento, nueve jubilados desertan del proceso al sospechar el fraude; sin embargo, otros cuatro siguen el proceso tras corroborar que los nombres brindados por los supuestos servidores públicos sí que aparecen en los portales oficiales del gobierno federal.
Entre el 6 y el 15 de abril, el esquema se volvió más intenso. En ese periodo hicieron contacto otras cinco personas que pidieron cinco pagos con un valor acumulado de 67 mil pesos para cubrir conceptos inventados como “proteger la titularidad del fideicomiso”, “dictamen para validar y asignar recursos”, “gastos judiciales”, “código de seguridad para vinculación bancaria” y “gastos administrativos del fideicomiso”.
Estafadores recurren al SAT
Como los afectados dijeron que ya no podían cubrir más dinero, los supuestos representantes pasaron a una nueva etapa de la estafa. Se hicieron pasar por representantes del SAT para investigar identidades, actividades económicas, tipo de fraude, contadores o abogados del caso y prevención de lavado de dinero para cobrarles 69 mil pesos a los pensionados.
Los defraudadores usaron el nombre de Jenifer Kristel Castillo Madrid, actual administradora general de grandes contribuyentes del SAT, para imponer miedo y hacerles ver que debían pagar a tiempo los montos requeridos por la investigación del fideicomiso creado para no caer en recargos y faltas administrativas.
Según el relato, uno de los contribuyentes pagó media hora después de la hora indicada, lo que provocó una “penalización colectiva” de 47 mil pesos por persona, con plazo máximo de 12 horas para pagar. Tras ser intimidados, la desesperación de las víctimas por conseguir los recursos los llevó a realizar acciones irracionales que afectaron su economía y relaciones familiares.
“Yo vendí una casa familiar de nuestros padres en Veracruz. Cada hermano se dividió su dinero y todo mi capital lo perdí con este fraude.
“Ese dinero que hubiera ocupado para curarme, vivir una vida tranquila y no volver a trabajar”, dice arrepentido José Luis.
Sin recursos, José Luis vendió dos motos con las que se movía por Jalapa y buscó trabajo, pero las oportunidades se le cerraron y tuvo que aceptar un trabajo de velador en Monterrey, Nuevo León, que le ofreció un amigo, pese a ser licenciado en administración de empresas e ingeniero industrial.
En las grabaciones telefónicas se observa que otras dos víctimas pidieron una serie de préstamos con diversos bancos y actualmente sus pensiones se van a cubrir los intereses de la deuda adquirida para pagar el fraude.
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Endurecen con la UIF
Pese a saber que las personas jubiladas tenían dificultades para cubrir montos elevados, los defraudadores escalaron la estafa:
“Llegó un momento en que les dije que ya no voy a invertir. Y es donde ingresa la figura del supuesto Omar Reyes Colmenares, como titular de la Unidad de Investigación Financiera, donde él nos comienza a amenazar”, sostiene José Luis Rodríguez.
El supuesto titular de la UIF dijo que sus expedientes estaban en incumplimiento y con faltas de regularización, fiscalización, prevención y manejo de “dinero ilícito”.
También les advirtió que, si no pagaban 80 mil pesos cada uno, sus casos serían escalados y podrían inmovilizar sus cuentas bancarias y de sus familiares, pese a saber que los pensionados ya no contaban con recursos.
“Yo como titular de la UIF, ¿qué es lo que tengo que hacer y qué más puedo hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ingresarlos a la lista de personas bloqueadas. En este caso, vamos a proceder entonces a bloquear sus cuentas pertinentes sin ningún problema por la omisión del proceso”, amenazó el defraudador.
Una de las víctimas suplicó comprensión al criminal:
“Si usted me bloquea esa cuenta, me va a dejar sin pensión y de por sí ya la debo”.
El delincuente escaló sus amenazas:
“No te preocupes, no solo se te va a bloquear esa cuenta, se te van a bloquear todas las cuentas que tengas a tu nombre debido a la omisión del proceso. Trabajamos en conjunto con el SAT sin ningún problema”.
Los defraudadores, haciéndose pasar por servidores públicos de la UIF y el SAT, así como presuntos notarios públicos, hicieron cuatro cobros con un monto acumulado de 135 mil pesos para realizar trámites inexistentes como “unificación de pagos en expedientes individuales”, “sucesión de derechos ante notario”, “certificación notarial” y “restitución patrimonial” y “protocolización del proceso”.
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Contraloría CdMx y el final del proceso de estafa
José Luis Ramírez señala que la última etapa de la estafa comenzó el 26 de mayo, cuando recibió una llamada de personas que usurparon las identidades de Gabriela Torres Pérez y Dilan Israel Hernández González, servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México, para hacerse pasar por funcionarios de la Secretaría de la Contraloría General.
Los defraudadores utilizaron nombres reales para dar apariencia de legalidad al engaño y, en el caso de Hernández González, también retomaron el cargo con el que aparece en el portal oficial del gobierno capitalino: titular de la Dirección de Mejora Gubernamental. Torres Pérez, en cambio, figura como titular de la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, aunque en la llamada fue presentada como supuesta secretaria de la Contraloría.
Ambos criminales le aseguraron a los pensionados que en todo el proceso con la UIF, SAT y Buen Gobierno había inconsistencias que debían corregirse para que por fin pudieran cobrar los 500 mil pesos que cada uno de ellos gastó desde un inicio; sin embargo, la condición era pagar una “certificación jurídica” de 103 mil 650 pesos por cada contribuyente.
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Los farsantes contactaron a las víctimas desde números particulares con lada de la Ciudad de México para reforzar la apariencia de que las llamadas provenían de dependencias federales o capitalinas.
Los pensionados pagaron cada uno de los cobros inventados por los estafadores, pero los recursos prometidos nunca llegaron. José Luis Ramírez dejó de pagar al darse cuenta del enorme fraude; sin embargo, sus otros tres compañeros siguen en contacto con los criminales por el miedo a que puedan ser víctimas de agresiones físicas y pagando dinero que ya no tienen.
“Solicito que quienes estén en esta situación denuncien. Toquemos la puerta y que el gobierno nos permita que se abran esas puertas; pedimos que se revisen nuestros casos (…) ya no es justo que nosotros, el pueblo, estemos aquí en el suelo donde hemos perdido todo lo que hemos ganado con el sudor de nuestro trabajo”, pide José Luis a las autoridades federales.
