La jueza Guillermina Matías Garduño, quien de forma inédita autorizó que el director de Black Wallstreet Capital cumpla con la prisión preventiva que se le impuso por delincuencia organizada en un departamento de un edificio habitacional de las Lomas de Chapultepec, fue denunciada ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
En la acción presentada por los representantes legales de las 21 familias que habitan dicho condominio ubicado en Sierra Guadarrama número 30, se acusa a dicha jueza de haber tomado una determinación “aberrante, ilegal e inconstitucional” que pone en riesgo no solo al procesado de un delito de esas características, sino a decenas de personas, incluidos menores de edad, que viven en el mismo condominio.
Por ello, han pedido al Tribunal que con carácter de urgente se adopten las medidas necesarias para separar a la jueza Matías Garduño del proceso, y se corrija una situación que está generando “un riesgo inminente a la vida ya la integridad de niños y personas”, al haber convertido sus casas en un centro penitenciario de facto.
MILENIO reveló esta semana que Juan Carlos Minero Alonso, director de la referida financiera, había sido trasladado el 15 de octubre del centro penal de máxima seguridad del Altiplano donde se encontraba recluido en prisión preventiva, al referido edificio habitacional que, desde esa fecha, está fuertemente vigilado por elementos armados de la Guardia Nacional.
El traslado obedeció a una decisión de dicha jueza de mantener la prisión preventiva al imputado por el proceso iniciado en su contra, pero solo modificar “el domicilio de su ejecución”, al parecer, por razones de salud. A cambio de ello Minero, de 35 años de edad, exhibió una fianza de 20 millones de pesos y se le colocó un localizador electrónico.
El director de la financiera se encuentra procesado luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de, presuntamente, lavar recursos provenientes de actividades de narcotráfico de carteles colombianos. Por ello está vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
“Creemos que los juzgadores en este caso se han conducido de manera manifiestamente negligente y en beneficio de un imputado considerado como de alta peligrosidad, en detrimento y poniendo en alto riesgo la vida y la integridad de los niños, adultos mayores y personas que habitan en el referido condominio y en general de la comunidad”, dice el escrito.
La queja y argumentos
En el escrito de queja presentado ante el Tribunal de Disciplina Judicial, al que MILENIO tuvo acceso, se hace referencia a que el edificio de Sierra Guadarrama número 30 no es un centro penitenciario ni una instalación especial de reclusión, sino un condominio habitacional de 14 niveles (incluidos dos niveles inferiores de estacionamiento), con 22 departamentos iguales que albergan a igual número de familias, varias de ellas con infantes.
Los representantes legales de las familias explican que la jueza Matías Garduño, quien se desempeña como jueza de control en el penal del Altiplano incurrió en varios actos "ilegales e inconstitucionales" al haber decidido enviar ahí a una persona acusada de delincuencia organizada previa entrega de 20 millones de pesos de fianza y bajo un fuerte despliegue de ocho elementos de la Guardia Nacional permanentes.
La primera irregularidad - desde el punto de vista de los inquilinos - es que se haya decidido trasladar, tácitamente, un centro penitenciario a un edificio residencial le cual carece de las medidas de seguridad para ello, lo que pone en riesgo tanto al propio imputado como a las 21 familias restantes.
“Decretó tal medida sin otorgar garantía de audiencia a las 21 familias que viven en el condominio en el que ordenó el cumplimiento de una medida que forzosamente debe ejecutarse en un centro de readaptación social uy sin considerar que en él vive menores de edad que sufren un impacto diario al tener un operativo 24 horas al día con miembros de la guardia nacional encapuchados y con armas largas en su domicilio”, indica el escrito.
En el escrito también se cuestiona que se haya permitido a una persona acusada de lavar dinero la posibilidad de presentar una fianza de tal magnitud en efectivo; que se haya cargado al erario el costo de la vigilancia de dicha persona – por el despliegue de los elementos de la Guardia Nacional – y que además se haya fijado para dicha prisión preventiva un domicilio fuera de la jurisdicción de la jueza, que corresponde al estado de México.
Cabe señalar que en su escrito los vecinos también requirieron que se indague la actuación del que fuera Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el estado de México, Juan Pablo Cortes Torres, quien fue el que concedió una suspensión provisional a Minero Alonso que dio paso a la modificación del sitio de reclusión ordenado por la jueza.
En ese contexto los vecinos le solicitaron al Tribunal de Disciplina Judicial que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y se recaben las pruebas necesarias y que, de forma preventiva, se separe a la jueza Matías Garduño de la causa penal abierta en contra del director de Black Wallstreet Capital.
LG
