En los último tres meses, la Contraloría del Poder Legislativo ha recibido 8 denuncias en contra de la presidenta municipal de El Oro, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, por diversas irregularidades, entre las cuales se encuentran faltas graves que de comprobarse se turnarían al Tribunal de Justicia Administrativa, y de ser necesario, por “peligro inminente” se podría pedir su separación del cargo, mientras se concluyen la integración de los expedientes.
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Avances en denuncias contra alcaldesa de El Oro: Juan José Hernández
En entrevista, el contralor del Poder Legislativo, Juan José Hernández Vences, explicó que ya hay avances en estas ocho denuncias y están en espera de más quejas anunciadas directamente por el síndico Ubaldo Velázquez, quien dice tener pruebas y actas de cabildo de posible desvío de recursos porque no se han ingresado a la tesorería del ayuntamiento lo recaudado en el mercado y otros espacios públicos.
Hasta el momento, la Contraloría tiene en proceso ocho expedientes en contra de la presidenta municipal.
Dos de ellos fueron anónimos, uno del OSFEM, otro de un aspirante a un cargo, y el resto de ex funcionarios despedidos de manera injustificada, pero el síndico le anunció que presentará varias en estos días.
En estos primeros ocho casos se quejan por destituciones de funcionarios sin autorización del cabildo, omitir la entrega de información al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), irregularidades en la selección del cronista, despidos injustificados, por no pagar a tiempo, no integrar el Comité de Participación Ciudadana, entre otros temas.
En varios casos siguen con la solicitud de informes a diversas autoridades que han tardado por los problemas que existen en el municipio, donde la denuncia más vieja tiene tres meses, por lo cual ya están por determinar la garantía de audiencia de la alcaldesa para las siguientes semanas.
Integran 2 mil expedientes
El contralor recordó que no son los únicos casos que revisan, pues tienen en investigación 2 mil casos y legalmente deben seguir todas las etapas en la integración de los expedientes, donde hay una recepción, integración y sustanciación, donde se pueden tardar entre seis y 12 meses para llegar a una conclusión, si no hay amparos u otro tema que detenga las revisiones.
En las resoluciones pueden imponer, por faltas administrativas, desde una amonestación privada o pública hasta inhabilitación por un año del cargo.
En caso que alguno de los casos sea considerado como una falta grave, el expediente debe ser turnado al Tribunal de Justicia Administrativa, donde la sanción máxima es inhabilitación para ocupar cargos en el servicio público hasta por 10 años.
El contralor reconoció que entre los casos que revisan hay por lo menos dos que se refieren a faltas graves, aunque todavía falta hacer la determinación final.
Al ser cuestionado si pueden determinar algunas medidas preventivas en tanto se resuelven de fondo las denuncias, dijo que el tema de la destitución corresponde al Poder Legislativo, pero la Contraloría puede considerar la posibilidad de separar de su cargo a los funcionarios que sea necesario, si existe “peligro inminente” de que puedan seguir causando daño.
Abiertos a recibir denuncias
El contralor Juan José Hernández dijo que están abiertos a recibir cualquier denuncia que corresponda al ámbito administrativo y los presuntos responsables sean funcionarios de elección popular, es decir alcaldes, regidores y síndicos.
Esto se puede hacer directamente en las oficinas de la Contraloría e incluso de manera anónima, donde tienen la obligación de hacer la indagatoria correspondiente.
También existe la posibilidad de denunciar vía digital, a través de su página electrónica AQUÍ o en las ventanillas electrónicas que hay en los municipios, donde se puede escanear el código QR para ser dirigidos al área de denuncia, en el teléfono celular.
Las denuncias pueden ser de manera directa de cualquier edil, la víctima de la presunta falta o de algún ciudadano que tenga conocimiento de los hechos.
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