Ciudadanos del municipio de El Oro, en el Estado de México, realizan una serie de movilizaciones para pedir la destitución de la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñaloza por supuestos desvíos en el erario y la falta de servicios públicos, entre ellos el agua, con la cual no cuentan desde hace meses.
Los habitantes han amarrado a distintos funcionarios como parte de las protestas.
Este miércoles decenas de colonos se manifestaron al exterior del Palacio del Ayuntamiento para pedir la renuncia de la edil, quien es acusada de diversas irregularidades de tipo financiero y administrativo en el municipio.
Los vecinos aseguran que no hay condiciones de gobernabilidad y derivado de ello, han montado las protestas que incluso contemplan el limitar con cuerdas la movilidad de diversos servidores públicos.
También, han bloqueado el acceso principal al Pueblo Mágico que conecta con otras comunidades de Michoacán.
Integrantes del Cabildo señalan a la alcaldesa de haber hecho mal uso de la administración pública, comprometer los sistemas de limpia, carecer de director jurídico y de una correcta integración de la contraloría municipal.
Ubaldo Velázquez Piedra, síndico de El Oro, informó que solicitaron al Congreso del Estado de México, el proceso administrativo para llevar a cabo su destitución, el cual cuenta con el respaldo de diversos regidores.
En ese sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Francisco Vázquez Rodríguez, explico que la petición la deben presentar ante el Poder Ejecutivo.
Pobladores de Toluca piden reapertura de pozo tras 'Operativo Caudal'
Pobladores del barrio del Cajón en San Pablo Autopan, municipio de Toluca, piden la reapertura de un pozo que fue clausurado durante el Operativo Caudal, implementado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Durante una manifestación en las inmediaciones de la zona centro de la capital mexiquense aseguran que desde hace dos semanas enfrentan desabasto de agua debido que las autoridades suspendieron las infraestructura bajo el argumento que se extraía el líquido de manera ilícita.
“Nosotros no somos huachicoleros, nosotros somos comunidad indígena otomí que queremos el agua, por eso estamos exigiendo, no somos huachicoleros, no vendemos el agua, queremos que el agua se quede en San Pablo”, dijo Juan Jesús Martínez Garduño.
Los habitantes mencionaron que se trata de un pozo comunitario que es operado por un comité autónomo y negaron que este relacionado con la venta ilegal de agua; sin embargo, relataron que ese día aproximadamente a la 01:00 horas agentes de la Fiscalía colocaron los sellos sin previo aviso.
“Venimos a exigir a la gobernadora que nos devuelva el pozo porque como pueblo indígena-otomí tenemos ese derecho, es una arbitrariedad lo que están haciendo, somos de las comunidades más olvidadas, no vamos a permitir que nos quiten el agua”, indicaron.
Agregaron, que la falta de agua está afectando a aproximadamente 10 mil habitantes, así como cuatro clínicas de salud y 7 escuelas.
“Tiene 15 días que nos quitaron el agua de manera arbitraria a la una de la mañana, cuando nos dimos cuenta ya no teníamos agua en nuestras casas. Los niños y adultos mayores se están enfermando, no hay agua en las clínicas y los hospitales”, agregaron.
Frente a Palacio de Gobierno del Estado de México, los pobladores instalaron una mesa de diálogo con la gobernadora Delfina Gómez y autoridades de la Comisión de Agua estatal (CAEM).
“Queremos que se nos regrese el pozo que por ley no corresponde, queremos que la gobernadora nos reciba”, señalaron.
PNMO
