El 4 de octubre de 2024 marcó un hito histórico en Jalisco: el Congreso del estado aprobó una reforma al Código Penal para despenalizar el aborto. Esta modificación legalizó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación por autonomía reproductiva —por decisión de la persona gestante—, eliminando la necesidad de presentar una causa específica.
Antes, sólo se permitía por violación o riesgo para la salud de la mujer. La reforma se dio en cumplimiento de un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
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Sin embargo, a un año de su implementación, el acceso al servicio sigue enfrentando barreras significativas que lo vuelven difícil, inseguro y, en la práctica, no siempre gratuito, especialmente fuera del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
“Pendientes, sí los hay, muchos, en el sentido sobre todo de, bueno, tener la cobertura para todos los municipios, para todas las regiones del estado. O sea, seguimos teniendo una atención privilegiada, aunque no siempre la mejor, pero una atención privilegiada en el Área Metropolitana de Guadalajara”, apunta Patricia Ortega, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser).
Barreras institucionales y estigmas obstáculos aún presentes
Las mujeres que deciden interrumpir su embarazo se enfrentan a barreras institucionales y estigmas. Hay personal que se niega a brindar el servicio por falta de capacitación u objeción de conciencia, lo que representa un reto para acceder al procedimiento, especialmente en centros de salud del interior del estado.
“Seguimos teniendo un problema para el resto de los municipios... quiere decir que no solamente donde están los hospitales regionales, en donde se supone que se prestan los servicios, sino en aquellos lugares que son más alejados”, señala Ortega.
El cierre temporal de una clínica en Tepatitlán es un ejemplo claro de la falta de acceso al procedimiento, como señala Johana Sosa, codirectora de Marías Anticoncepción en Lagos:
“Justo Tepatitlán lo habían cerrado porque no había personal, no había un ginecólogo, una ginecóloga o ginecólogo que no fuera objetor, entonces al parecer sí fue cerrado porque no hay personal que quiera hacer el servicio en el hospital de Tepatitlán”.
La situación obliga a pacientes de regiones a trasladarse y afrontar por ellas mismas los costos y riesgos.
“Las chicas que se dirigen a veces con nosotras, pues saben que van a tener la garantía del anonimato y que no va a quedar ningún expediente médico”, apunta Verónica Correa, cofundadora del colectivo Mis Amigxs Me Acompañan.
“Otra, son las largas que da el hospital. Es decir, un día te dan cita para análisis clínicos, otro día para ultrasonido, otro día para valoración psicológica. O sea, es una de citas tremendas. Pasa el tiempo y solo te desmotivas, gastas dinero, terminas gastando más que si te procuras el medicamento tú, ¿no?”, agrega.
Recientemente, el colectivo acompañó a una joven a quien se le negó la ILE en el Hospital General de Occidente, uno de los nosocomios que por ley debe prestar este servicio:
“Pidió que la canalizaran al área de aborto seguro, o de aborto nada más, y la trajeron dando vueltas alrededor en el hospital (General de Occidente). Cuando llegó al área de aborto seguro le dijeron que no estaban ofreciendo el servicio. Entonces, pues a un año de la despenalización y donde se supone que ya seis clínicas del estado de Jalisco regionales deberían de estar ofreciendo el servicio, la realidad es que no lo ofrecen, lo niegan incluso o lo obstaculizan”.
Violencia dificulta búsqueda de ayuda
La violencia contra menores de edad o víctimas de agresiones sexuales continúa presente en la atención institucional. El personal de salud y las autoridades a menudo responden con duda, estigmatización y juicio, lo que dificulta que las víctimas busquen ayuda.
“Por ejemplo, ante niñas, ante adolescentes con embarazos no deseados, que son de entrada presumiblemente producto de una violación, pues sí hay todavía autoridad que responde de manera equivocada. Como planteando, pues es que ellas se lo buscan, es que también ella para qué iba, o es que no puede ser que sea una causa de violación si estamos hablando de un embarazo avanzado”, lamenta Patricia Ortega.
Verónica Correa advierte sobre la preocupante realidad de la violencia sexual en menores de edad, donde los embarazos a menudo son producto de relaciones con hombres considerablemente mayores:
“Hay chicas a las que la pareja, entre comillas, el progenitor del bebé, les gana 50 años. Entonces hay una preocupación por parte de los colectivos, que es la violencia sexual en menores de edad, en cómo las coercionan y las convencen de ser madres o de tener relaciones sexuales cuando todavía no tienen su pleno desarrollo cognitivo, conductual, su pleno desarrollo sexual. O sea, niñas de 9, 10 años pariendo de señores de 60 años, es algo impensable”, explica.
Los colectivos denuncian una gran dificultad para lograr interrupciones en el segundo y tercer trimestre, incluso cuando están justificadas por causas de violencia o riesgo.
Las autoridades imponen muchos obstáculos, a pesar de que la mayoría de los casos avanzados involucran a menores, víctimas o personas de escasos recursos.
Hay avances en la materia, pero todavía quedan deudas importantes.
Para la Red Ddeser, el pendiente fundamental es lograr un cambio cultural profundo a través de la capacitación del personal de salud para que reconozca el aborto como un derecho.
“El discurso dentro de las universidades sigue siendo antiderechos en su mayoría. Entonces, también tendríamos que considerar que las universidades tienen que participar en transformar esta perspectiva a través y a lo largo de toda la carrera. No solamente quien va a realizar un procedimiento, que es básico, que se le enseñe a utilizar una MEU, a utilizar medicamento para poder interrumpir, a hablar de las complicaciones que puede haber, de las cuestiones que se tienen que cuidar, sí, pero también tendría que trabajarse intencionadamente cómo es dar un servicio de calidad a una mujer, a una persona gestante que se encuentra en esta condición de embarazo”, señala.
El colectivo pone otro tema controversial sobre la mesa: el aborto sin límite de semanas.
“Porque cuando están ya las chicas acercándose a la semana 12, ya no las quieren atender, o sea, si hubo algún atisbo de que quisieran atenderlas, ya no las atienden. Y el aborto en segundo o tercer trimestre es mucho más riesgoso y se da por causas de violencia, muchas veces, perdón, de violencia sexual”, explica.
Colectivos entran al quite ante restricciones
La falta de garantía de acceso a medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como mifepristona y misoprostol, impide que las mujeres puedan decidir sobre su maternidad.
Johana Sosa afirma que en farmacias regionales de Los Altos se ha negado la venta de misoprostol, obligando a los colectivos como Marías Anticoncepción a gestionar y proveer la medicación.
“Hemos gestionado medicamento, nuestro banquito, entonces, nosotras brindamos la medicación a mujeres, porque incluso también ha pasado que hay farmacias en donde han negado ya también la venta de misoprostol. Muchas, como muchos de los pueblitos de acá de Los Altos, incluso aquí en Lagos, ha habido farmacias donde se ha negado la venta”, comparte.
El colectivo Marías Anticoncepción en Lagos ha acompañado a cerca de 150 casos desde la despenalización. Las mujeres optan por el acompañamiento feminista por la protección a sus derechos y la seguridad que les brinda.
“Sí ha habido casos donde hay mujeres que vienen con nosotras, que ellas optan por recurrir a nosotras más que nada por esta parte de la perspectiva feminista, donde las mujeres se sienten más seguras que al ir a una institución de salud pública”.
Buscan reformar leyes para atención sin condiciones
Ante estas barreras, Candelaria Ochoa propuso reformar la Ley de Salud para garantizar el servicio de manera gratuita, universal y sin condicionamientos. La iniciativa plantea que el sistema público de salud otorgue consejería médica, psicológica y social de forma confidencial y sin discriminación.
Las instituciones públicas del estado deberán ofrecer el servicio de manera gratuita, universal y sin condicionamientos, en un plazo no mayor a cinco días. Se deberá proveer consejería médica, psicológica y social, de forma confidencial y sin discriminación.
Para el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, de aprobarse la reforma no serían necesarias adaptaciones, pues el servicio ya es gratuito en todas las instituciones públicas:
“Tanto de la propia Secretaría de Salud, como el IMSS, como el Issste, los diferentes subsistemas han implementado lo requerido para la interrupción legal del embarazo. Y esa interrupción legal del embarazo, hay que decirlo con toda la claridad, es gratuita en todas las instituciones públicas. Y como tal, considero que no habría necesidad de adaptar nada adicional”.
También afirmó que existe suficiente personal no objetor de conciencia, especialmente en hospitales materno-infantiles.
“En general se tiene personal de la salud que lo sabe hacer técnicamente bien, que no son objetores de conciencia, porque también hay que respetar esa parte. De tal manera que instituciones como, por ejemplo, la Maternidad López Mateos, el propio Hospital General de Occidente, prácticamente todos los materno-infantiles del estado de Jalisco tienen profesionales no objetores de conciencia”.
No obstante, la conclusión de especialistas y colectivos es clara: la verdadera despenalización del aborto solo se logrará con la eliminación de la estigmatización y la capacitación profunda del personal para asegurar un trato digno a las mujeres que buscan acceder a este derecho.
OV
