La silla que Janine Otálora dejará el 31 de octubre en el Tribunal Electoral ya tiene sustituta. La segunda mujer más votada en la elección judicial, ex funcionaria de la Secretaría de Gobernación y con experiencia en el Poder Judicial, actualmente secretaria de estudio en la Sala Superior, tendrá que ser nombrada por el Senado de la República para cubrir esa vacante.
El próximo 1 de noviembre, cuando el nuevo Poder Judicial cumpla dos meses de arranque, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que esperó dos años para tener a las siete magistraturas que por ley deben integrarlo, volverá a quedar incompleto.
La magistrada Janine Otálora notificó este lunes al Senado de la República que dejaría su cargo el próximo 31 de octubre, periodo original por el que rindió protesta en 2016, con lo que rechazó la ampliación que la reforma judicial le regaló al pleno de la Sala Superior, convirtiendo a las magistraturas electorales de última instancia en las únicas intocadas en todo el sistema judicial.
Sin embargo, la reforma judicial prevé cuál es el proceso a seguir para evitar que el pleno nuevamente opere incompleto. Aquí te contamos lo que pasará en los próximos días.
Senado deberá aceptar la renuncia y nombrar a otra magistrada
La reforma judicial depositó en el Senado de la República la facultad exclusiva no sólo de hacerse cargo de la renovación, elección y nombramientos en el Poder Judicial, sino también de vigilar su operatividad y resolver cualquier obstáculo que impida su pleno funcionamiento.
Por lo que solucionar vacancias, también es parte de sus atribuciones y así deberá afrontarlo ante la renuncia de la magistrada Janine Otálora.
El Senado, presidido por la morenista Laura Itzel Castillo estrenará el artículo 98 de la Constitución que con la reforma judicial indica lo que tendrá que hacer ante vacantes definitivas en el Poder Judicial:
"Cuando la falta de una ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrada o magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrada o magistrado del Tribunal Electoral, magistrada o magistrado de circuito, jueza o juez de distrito excediere un mes sin licencia o dicha falta se deba a defunción, renuncia o cualquier causa de separación definitiva, ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo".
"En caso de declinación o imposibilidad (de ese segundo lugar), seguirá en orden de prelación la persona que haya obtenido mayor votación. El Senado de la República tomará protesta a la persona sustituta para desempeñarse por el periodo que reste al encargo".
Para respetar la paridad, que actualmente se logró por primera vez con tres magistradas y cuatro magistrados, la silla de Janine Otálora la deberá asumir también una mujer, con lo que el Senado deberá nombrar a la segunda candidata más votada que es María del Rocío Balderas Fernández.
¿Quién es María del Rocío Balderas, la próxima magistrada del TEPJF?
Los resultados de la elección judicial indican que María del Rocío Balderas Fernández será la mujer a la que el Senado deberá nombrar para ocupar la silla que dejará Janine Otálora en la Sala Superior del TEPJF, al ser la segunda candidata de su género con mayor respaldo popular.
María del Rocío Balderas fue postulada por el Poder Ejecutivo en la pasada elección judicial, es decir, fue palomeada por el Comité de Evaluación que representaba a la presidenta Claudia Sheinbaum y validada por ésta para llegar a la boleta.
El pasado 1 de junio, los cómputos distritales cerraron con 1.8 millones de votos a su favor, el 7.32 por ciento del total, debajo de Claudia Valle Aguilasocho, la única postulada por los tres poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial, y quien asumió la magistratura tras obtener el primer lugar con 4.2 millones de votos, el 16.2 por ciento.
La candidata del Ejecutivo y que podría llegar a la Sala Superior como ganadora a partir de noviembre, actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia de Felipe de la Mata Pizaña en la propia Sala Superior, por lo que sus votos podrían sumarse al bloque al que pertenece este magistrado.
Destaca por su cercanía a Morena tras su paso por la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante dos años, de 2020 a 2022, fue titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Gobernación, trabajando bajo las órdenes de Olga Sánchez Cordero y después de Adán Augusto López, teniendo a su cargo todos los asuntos legales y asumiendo la representación de ambos funcionarios cuando encabezaron Gobernación.
La próxima magistrada tiene además, experiencia en el Poder Judicial, previo a su trabajo en el gobierno federal, formó parte del Tribunal Superior Agrario, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretaria de Estudio y Cuenta, del Tribunal Electoral y del Consejo de la Judicatura.
Tras su paso por el gobierno federal, volvió al Poder Judicial donde se mantiene hasta ahora en la propia Sala Superior, en donde a partir de noviembre, pasaría de ser secretaria de Estudio y Cuenta a magistrada.
Solo si se declara impedida o declina a este cargo, el Senado consideraría al tercer lugar que fue Gabriela del Valle Pérez, quien hasta agosto pasado, era magistrada electoral de la Sala Regional Guadalajara.
Senado determinará si otorga nombramiento por dos o por ocho años
El Senado, además, tendrá que definir si nombrará a María del Rocío Balderas Fernández por el periodo de dos años, que es la ampliación que le correspondía a Janine Otálora y que rechazó tomar, o si determina que debido a que la magistrada se apegó a su primer plazo, se considera una vacante íntegra y se le nombra por el periodo de ocho años tras haber pasado por todo el trámite de la elección.
En el caso de la Sala Superior, por las concesiones que la reforma dio a ese pleno, los plazos de sus cargos son diferenciados para que se renueve por completo en 2033.
Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz que ganaron la pasada elección judicial y que entraron en funciones el 1 de septiembre, estarán ocho años en el cargo, es decir, de 2025 a 2033. Y quienes vayan a elección en 2027, es decir, las vacantes de las cinco magistraturas restantes estarán seis años en funciones, para que todo el pleno se renueve en 2033.
En el caso de las magistraturas beneficiadas con la reforma judicial, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón fueron nombrados en 2016 originalmente por un periodo que venció el 31 de octubre de 2024, pero ambos aceptaron la ampliación hasta 2027.
Este año, debían dejar el cargo Janine Otálora, Mónica Soto y Felipe de la Mata, pero únicamente Otálora decidió respetar el periodo inicial mientras Soto y De la Mata se apegaron a la ampliación hasta 2027.
Con este escenario, el Senado tendrá que resolver si considera como periodo restante de Otálora sólo los dos años que le correspondían de ampliación y que María del Rocío Balderas Fernández asume sólo por ese periodo, o si es considerada como una magistratura nueva para el periodo completo, tras haber pasado ya por la elección judicial.
Lo que, sin ningún otro órgano que vigile la decisión del Senado, éste puede decidir la interpretación que le dará a la Constitución y ante el reciente arranque de apenas dos meses, de los nuevos cargos.
ROA
